Resultó extraño el incidente en que una alcaldesa electa de la Ciudad de México sufrió un golpe en la nariz, cuyo sangrado dio un aspecto dramático a las gráficas correspondientes a la acometida de un grupo de inminentes autoridades capitalinas contrarias al obradorismo, quienes, acompañadas de grupos de briosos simpatizantes, pretendieron romper la barrera policiaca que a petición de la presidenta panista del Congreso local se había montado para proteger la sesión de diputados que a esas horas se realizaba.

El episodio pretendió ser convertido por esos alcaldes electos en un acto de represión morenista, que habría sido ordenado específicamente por alguna oficina del gobierno de Claudia Sheinbaum. Pero los mismos presuntos reprimidos habían visto que la valla de uniformados había permitido el paso de Margarita Saldaña, por ser diputada local saliente, a la vez que alcaldesa entrante de Azcapotzalco.

Es decir, las órdenes cumplidas por los 80 efectivos de la policía capitalina correspondían a la protección solicitada por la panista que presidió el último periodo extraordinario de sesiones del Congreso chilango. Diversos videos mostraron a los alcaldes electos en busca de superar a la fuerza la valla policiaca, como Sandra Cuevas, de Cuauhtémoc (cuyo triunfo contra Morena fue uno de los motivos del distanciamiento entre Ricardo Monreal y Palacio Nacional); Santiago Taboada, de Benito Juárez; Mauricio Tabe, de Miguel Hidalgo, y la propia Lía Limón, de Álvaro Obregón, a quien puede verse en esas gráficas empujando escudos de agentes capitalinos en medio de un zipizape que, sin algo aproximado a una justificación hacia la embestida contra los policías, pareció más un acto de provocación, necesitado de endilgar al morenismo una etiqueta de “represión política” que, al menos hasta ahora, en ese terreno de lo político o partidista, no ha tenido sustento en el actuar de los gobiernos federal y del de la Ciudad de México.

En el fondo, hay una especie de guerra fría entre Claudia Sheinbaum y las nueve autoridades entrantes a las que la jefa de Gobierno se ha negado a dar entrevistas inmediatas remitiéndolas con el secretario Martí Batres. Cierto es que más adelante recibirá o espera recibir a los alcaldes opositores, pero desde ahora hay un forcejeo político con expresiones violentas como la de ayer.

Aparatosos y sumamente lamentables, los episodios recientes de agentes mexicanos de migración y de la Guardia Nacional en la frontera sur, arremetiendo contra migrantes provenientes de Centroamérica, sólo es parte del libreto violento que el gobierno mexicano ha aceptado cumplir por encargo del estadunidense, que desde la administración Trump, hasta llegar a la actual encabezada por Joe Biden, se ha impuesto al obradorismo a cambio de la desactivación de supuestas guillotinas arancelarias (en el caso del tóxico agente naranja antes instalado en la Casa Blanca) y de otros “beneficios” ahora ofrecidos imperiosamente por la administración estadunidense demócrata.

No está de más recordar que López Obrador, siendo candidato, presidente electo y luego ya como mandatario en funciones, sostenía un discurso de plena apertura hacia los migrantes venidos de Centroamérica, ofreciéndoles ayuda, respeto e incluso trabajo y regularización. Todo cambió ante las presiones de Trump y, a partir de ellas, México aceptó convertirse en la Migra 4T.

Para consolidar y ahondar esas imposiciones han estado en México, en fechas recientes, enviados de primer nivel de la administración Biden, exigentes de que se mantenga la barrera policiaca y militar en el sur mexicano, con un rigor absoluto para que el de por sí difícil equilibrio político del nuevo presidente gringo no se vea afectado por las críticas de los republicanos, ansiosos de retornar al poder.

Y, mientras Martí Batres asegura que el zafarrancho de ayer se habría evitado si los opositores hubieran hecho una llamada telefónica para gestionar que los policías les franquearan el paso, ¡hasta mañana, con el nuevo libro de AMLO: A la mitad del camino!

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