La semana pasada acudí con las legisladoras y los legisladores de Morena y del PT, para exponer sobre la necesidad de una reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (mejor conocida como Ley Antilavado) y agradezco al diputado Ignacio Mier Velasco y al senador Ricardo Monreal, así como al diputado Reginaldo Sandoval, la invitación para participar; las reuniones se llevaron a cabo en términos formales.

Reconozco también a los senadores Julio Menchaca y Alejandro Armenta en las comisiones de Justicia y Hacienda, respectivamente, su importante apoyo para que se pueda generar esta reforma. Sin embargo, el tiempo nos alcanzó. México tiene que presentar en diciembre su cuarto informe de seguimiento intensificado y en él es necesaria la reforma para obtener la recalificación en nueve recomendaciones que tenemos parcialmente cumplidas y una más que mantenemos como no cumplida. Las modificaciones podrían clasificarse en tres grandes apartados. Por un lado, el tema de “actividades vulnerables”: la necesidad de una mejor debida diligencia del cliente, desarrollar sistemas de capacitación permanentes; contar con sistemas automatizados en sus procesos de monitoreo y auditorías internas y externas, para mayores mecanismos de control. Lo anterior incluye también la obligación de presentar reportes de operaciones sospechosas y no sólo cuando se supera determinado umbral.

Un segundo bloque de reformas tiene que ver con el “beneficiario final” tanto en personas morales como en estructuras jurídicas. Hay que recordar que operación zafiro, Odebrecht o la estafa maestra no se hubieran logrado sin la generación de empresas fachadas y, por ello, es necesario buscar quiénes son los beneficiarios finales de actos de corrupción o actos de narcotráfico, etcétera. La identificación y transparencia de quienes están realmente detrás de estas operaciones contribuirá a prevenir que empresas o determinados instrumentos legales y financieros puedan ser utilizados con el fin de cometer estos actos ilícitos.

Un tercer bloque tiene que ver con mejorar las capacidades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Establecer legalmente la coordinación con las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (Uipes) de las entidades federativas; la coordinación con la división de Guardia Financiera perteneciente a la Guardia Nacional, para que sirva como primer respondiente y, así, presentar las denuncias correspondientes con elementos de prueba que el Ministerio Público pueda utilizar en la judicialización de las carpetas de investigación. En este bloque, se encuentra además la posibilidad de contar con información de sindicatos, partidos políticos e incluso que las federaciones o confederaciones deportivas tengan la obligación de emitir avisos en determinados supuestos a la UIF. Con estas modificaciones, estaremos a la altura del estándar internacional en materia de prevención de lavado de dinero y combate del financiamiento al terrorismo. Después, la siguiente batalla tendrá que ver con la efectividad de nuestras medidas de cumplimiento, pero es importante dar este primer paso realizando las modificaciones legales para después instrumentarlas, y mejorar su efectividad.

* Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público