El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer que se establecerá una comisión especial de la verdad para esclarecer los crímenes cometidos desde el poder en las séptima y octava décadas del siglo pasado, en lo que se conoció como guerra sucia, así como para procurar la justicia, la reparación del daño, la memoria y la no repetición de esas atrocidades.
Tras la cruenta represión del movimiento estudiantil de 1968, los sucesores de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo desataron una feroz persecución contra las organizaciones guerrilleras rurales y urbanas que se crearon a principios de los años 70, a consecuencia de la cerrazón del régimen. Esa persecución es conocida en la historia de nuestro país como guerra sucia porque fue ilegal, clandestina y violatoria de las garantías establecidas en la Constitución, y porque en ella el poder público actuó de manera arbitraria y discrecional y cometió crímenes de lesa humanidad.
La represión oficial, ejercida a trasmano por medio de organizaciones furtivas como la tristemente célebre Brigada Blanca, no se ocupó únicamente de neutralizar movimientos armados sino que se abatió por igual en contra de dirigentes y activistas agrarios y sindicales, opositores políticos e incluso personas que no tenían militancia ni actividad organizativa alguna.
En esos años, habitantes de entidades como Guerrero padecieron en carne propia las peores prácticas de los manuales de contrainsurgencia. La tortura, la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial fueron el destino de cientos o miles de ciudadanos apresados –o secuestrados– por corporaciones policiales y militares, y México vivió la pavorosa incongruencia de un gobierno que en el ámbito diplomático tomaba distancia de las dictaduras militares de Centro y Sudamérica, pero que en lo doméstico llevaba a cabo muchas de sus prácticas criminales, como los llamados vuelos de la muerte.
Durante el sexenio de Vicente Fox, el Estado mexicano planteó la necesidad de ventilar ese atroz pasado reciente, mediante el establecimiento de una Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, creada en 2002. Sin embargo, la iniciativa pronto quedó reducida a un ejercicio de simulación, y el único indiciado de relevancia fue Echeverría Álvarez, quien a la postre resultó absuelto, en tanto que la dependencia referida fue disuelta en 2007, ya durante el calderonato. Pero a pesar del tiempo transcurrido, las heridas de la guerra sucia siguen vivas y para cerrarlas es indispensable conocer la verdad en torno a los crímenes del pasado, impartir justicia hasta donde se pueda, resarcir los daños y garantizar que atropellos como los perpetrados desde el poder público no vuelvan a repetirse.
A final de cuentas, la impunidad de que gozaron los gobernantes de aquella época antecedió y facilitó la impunidad generalizada de los sexenios neoliberales, tanto en lo que respecta las gravísimas violaciones a los derechos humanos perpetradas en los sexenios de Salinas, Zedillo, Calderón y Peña Nieto, como en lo referido al masivo saqueo de recursos públicos. La labor del organismo anunciado ayer es, en consecuencia, un paso necesario hacia la superación efectiva del pasado y hacia una verdadera reconciliación nacional.
