Karla Quintana Osuna, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), aseguró que se han dado pasos importantes para enfrentar el problema de los desaparecidos en el país, pero son insuficientes si se miran por sí solos. Denunció que no todas las autoridades involucradas en la ubicación de las personas asumen su responsabilidad y que la mayoría de los gobiernos estatales no tienen voluntad política para fortalecer las comisiones locales responsables de la localización.
En víspera del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada y ante los más de 37 mil cuerpos sin identificar que hay en México, agregó que el lunes se presentarán las directivas del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, el cual, en un ámbito de autonomía, tomará decisiones para incidir en la problemática. Sin embargo, esto no suplanta la obligación de las diferentes autoridades en la personalización, advirtió.
Quintana Osuna enumeró algunas de las acciones realizadas para avanzar en la ubicación de más de 91 mil desaparecidos: se construyeron protocolos y el sistema de búsqueda que estaba en la ley, pero que no se había echado a andar. Ya se tienen las 32 comisiones estatales encargadas de localizar a las personas y se estableció en Coahuila el primer centro de identificación humana con un enfoque masivo.
Llevamos un impulso importante, pero no se ha caminado de la misma manera en el tema forense o en el de la justicia. Si no se avanza de manera paralela, difícilmente se van a poder combatir adecuadamente y de manera integral, las crisis en estos dos ámbitos y en el de las personas desaparecidas, destacó.
En entrevista con La Jornada, la responsable de la CNB reconoció que es necesario fortalecer las comisiones estatales de búsqueda, pero señaló que no hay voluntad política de los gobiernos locales para ello.
El primer punto es el presupuesto. Deberían tener una asignación fuerte por parte de las administraciones estatales para tener mejores resultados, pero no es así. El 90 por ciento de los recursos que tienen provienen de la Federación, quien les ha canalizado más de mil millones de pesos en los pasados tres años.
Eso habla bien de la Federación, pero no así de las administraciones estatales, enfatizó la funcionaria, al resaltar que le sobrarían dedos en las manos para contar a las que sí han mostrado voluntad política, entre ellos Coahuila, Jalisco, Veracruz, Zacatecas y estado de México.
Ex colaboradora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Quintana Osuna subrayó que hay una impunidad de entre 94 y 98 por ciento en los casos que se investigan. Pero el problema no es de jueces, sino que las pesquisas no avanzan y un porcentaje bajísimo pasa al ámbito judicial. Por ello, México se ubica como el segundo país con más impunidad después de Haití en América.
Consideró que se tiene que analizar cómo se puede mejorar tanto el sistema forense nacional como el judicial.
Luego de precisar que aún no hay fecha para la visita al país del Comité de Naciones Unidas sobre Desaparecidos, calificó como positivo que la Corte ordenara al Estado mexicano cumplir con las acciones urgentes emitidas por ese organismo para la búsqueda de personas. Esta decisión refuerza lo que la CNB ha impulsado a través de sus protocolos.
