“Llegas al lugar con una mezcla de sensaciones. Por un lado le pides a Dios que no esté ahí, porque ya estaría sin vida, pero entonces piensas que lo más importante es encontrarlo. Por eso, cuando vemos las fosas damos una bienvenida porque decimos: lo último que vio esa persona en su vida terrenal fue el terror. ¡Ahora estás con la gente que te quiere, ya no tienes que temer!”

Aunque día a día se esfuma la esperanza de hallarlo con vida, también surge el consuelo de por fin haberlo encontrado.

Es la visión de Lucía Díaz Genaro, fundadora y directora del colectivo Solecito, quien sigue sin encontrar a su hijo Luis Guillermo, desaparecido en junio de 2013. A partir de ese hecho desgarrador, ella creó esta organización de mujeres veracruzanas, hoy con el tristemente célebre “honor” de haber ubicado la fosa clandestina más grande en el país.

Mirna Medina auspició la creación de Rastreadoras de El Fuerte, Sinaloa. Es otro colectivo de mujeres dedicado a la “búsqueda de tesoros”, como bautizó en su momento a los desaparecidos Javier Valdez, corresponsal de La Jornada, quien fue asesinado en mayo de 2017.

Desde su surgimiento, las rastreadoras han podido desarrollar estrategias para lograr su misión. “Lo más importante son las ganas y el corazón con que rastreamos, la experiencia. Vemos un terreno y podemos decir que huele a muerte, si puede haber o no (cuerpos inhumados ilegalmente) con sólo ver el lugar. Y entonces nos ponemos a buscar; notamos movimientos en la tierra, irregularidades en el suelo, y la mayoría de las veces, encontramos”.

Mirna logró identificar los restos de su hijo justo a tres años de su ausencia. “Cuando cumplen años de desaparecidos hacemos una misa y salimos a buscar. A él lo localicé a 8 kilómetros de donde desapareció. No lo encontré completo. Mucha gente busca a sus hijos vivos, como yo, porque tienen esperanzas de que puedan regresar. A Roberto lo hallamos en un cerro, cerca del río, en El Fuerte”.

Aunque han pasado años de ese hallazgo, sigue obcecada con dar con aquellos que siguen sin aparecer. Y lo dice sin dobleces: “Con mucha tristeza el otro día dije que esto se te hace como una adicción. Te haces adicto a las víctimas, a apoyar, a ayudar a las familias. Es una satisfacción muy grande hacerlo. Cuando encontramos fosas con cuerpos dentro son sentimientos agridulces. Te da gusto localizar un ‘tesoro’, pero también te surge mucha rabia e impotencia por la manera en cómo los sepultan”.

Porque la búsqueda de personas no sólo tiene al dolor como condición. Las amenazas y el estigma social también son parte de ese entorno.

José Ugalde, cuyo hijo fue sustraído y más tarde asesinado en Querétaro en 2015, encontró en un cerro su cuerpo desmembrado. “Ahora, cuando se realizan acciones para encontrar familiares de desaparecidos se pide el apoyo a la Comisión Nacional de Búsqueda, se programa la labor y la Marina o los federales te acompañan, pero sólo durante la jornada... pero cuando regresamos a casa, otra vez quedamos expuestos, solos”, indica.

Y da a conocer el saldo de acometer incansablemente y por doquier la búsqueda: “Seis compañeros asesinados durante los últimos meses en diferentes estados”.

A pesar de ello, para Lucía algo ha cambiado ahora en comparación con los tiempos de Enrique Peña Nieto o de Felipe Calderón, cuando en el discurso oficial ni siquiera se tomaba en cuenta el fenómeno de la desaparición de personas. “Hay una diferencia gigantesca. Antes no había nada de eso, el Estado no hablaba de desaparecidos. Y hoy en día sí. El Presidente ya toma el tema, lo menciona”.

Sin embargo, también estos grupos acusan que los cambios en el gobierno federal no allanan la complejidad que tienen las familias frente a sus pérdidas.

“El principal problema es levantar una denuncia por desaparición. Ahí ya se te estigmatiza porque dicen que quién sabe en qué pasos andaba la víctima, que si era drogadicta... Te hacen preguntas tan dolorosas. Te piden esperar 72 horas”, valora José.

Y eso es apenas el principio porque –agrega– después hay que enfrentar la incapacidad oficial, “no sé si porque estén superados o porque las desapariciones son tantas, pero el problema ya es muy grande. El Estado quedó rebasado”, asegura también.

Son parte de las escabrosas fases que viven los familiares.

Para estos colectivos incluso las cifras oficiales son inciertas, apenas una aproximación a la realidad. “Se habla de 90 mil desaparecidos, pero los que andamos en esto sabemos que no pueden ser menos de 300 mil”, dice Lucía sin vacilar.