La semana pasada fue importante para la lucha continental y global en defensa del agua ante la rapacidad de empresas mineras.
De acuerdo con el comunicado del 25 de agosto, “Las incongruencias de la Semarnat”, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA, https://bit.ly/38gb2uA), la dependencia “continúa autorizando proyectos de exploración y explotación minera, sabiendo –porque lo han hecho manifiesto– que es una de las actividades que más daños ocasiona al ambiente y a la salud y la que genera más conflictos socioambientales en el país y, por si fuera poco, desaparece, contamina y usa una cantidad inmisericorde de agua durante su operación”.
El manifiesto de REMA cita al doctor Jorge Zavala Hidalgo, coordinador del Servicio Meteorológico Nacional de México, que informó para BBC Mundo en mayo que “cerca de 87.5 por ciento del territorio mexicano sufre sequía de distintas intensidades”. REMA denuncia el ocultamiento y falta de información acerca de “los abusos y los severos daños que la minería causa a las comunidades y al ambiente, en clara tendencia de proteger los intereses de particulares, tal cual sucede con el sonado caso de la contaminación al río Sonora por la poderosa e intocable empresa de Grupo México”.
La semana pasada en Colombia el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán iniciaron la campaña “200 razones para la defensa de los territorios de agua y páramos”, buscando que “la población se manifieste en defensa de la vida, el ambiente y el territorio, expresando creativamente que el agua es un bien común fundamental” (https://bit.ly/2USzrDo). Esta plataforma coincide con la celebración hoy, 30 de agosto, del bicentenario de la independencia de Colombia.
El Comité de Santurbán agrupa a organizaciones sociales y civiles de la región colombiana de Santander y lucha desde 2009 para defender la Estrella Hídrica de Santurbán de concesiones a la “locomotora minera”. El Páramo de Santurbán es un ecosistema esencial y patrimonio natural para la humanidad, dada su riqueza biofísica y su función de captar CO2 para mitigar los efectos del cambio climático que ponen en riesgo la vida en nuestro planeta. El comité ha logrado detener el proyecto de la empresa canadiense Eco Oro en sus intentos de explotar una mina de oro a cielo abierto, por atentar contra el agua de la región. Un factor para este logro fue la presión internacional para el retiro de la inversión da la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial en el proyecto minero. Sin embargo, Eco Oro demandó a Colombia en 2016 ante otro brazo del mismo Banco Mundial, el Centro Internacional de Arreglos de Disputas de Inversiones (Ciadi), por 736 millones de dólares, bajo su TLC con Canadá. Dicha reclamación está pendiente junto al menos otras siete demandas conocidas de empresas mineras contra Colombia, por astronómicas cantidades que superan 18 mil millones de dólares (información de Unctad).
Las empresas mineras no sólo castigan por medio de tratados de libre comercio e inversión a gobiernos. También instan a la criminalización de la resistencia pacífica por medio de litigios judiciales contra la participación pública para frenar a quienes se les oponen (https://cutt.ly/xWfX2Dl).
Ejemplo: el pasado 26 de agosto marcó el periodo dictado de dos años de prisión preventiva para los ocho defensores ambientales pertenecientes al Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (Cmdbcp), Honduras, detenidos arbitrariamente en 2019. Los defensores enfrentan cargos por los delitos de “incendio agravado” y “privación injusta de libertad” como represalia por ejercer su derecho a la legítima protesta y la defensa pacífica de los ríos San Pedro y Guapinol. Ese día, la Corte Suprema de Honduras resolvió prolongar seis meses la “prisión preventiva” de los defensores del agua de Guapinol.
La decisión de la corte de extender la prisión de los defensores del agua de Guapinol ha sido lamentada por instancias para los derechos humanos de la ONU (https://bit.ly/3zqr94D y https://bit.ly/2WBtGL2). ONG de derechos humanos, como Front Line Defenders, han expresado su preocupación por la criminalización basada en acusaciones falsas hacia los defensores de derechos humanos integrantes del Cmdbcp, ya que “el procesamiento judicial y la prolongada detención arbitraria son una represalia por su labor de defensa del ambiente”. El Institute for Policy Studies, que otorgó el Premio Internacional de Derechos Humanos Letelier-Moffitt al Cmdbcp en 2019 se ha solidarizado con los defensores del agua de Guapinol y sus familiares que han sufrido durante dos años las implicaciones de su detención arbitraria. El Cmdbcp por su parte “lamenta y condena la decisión de los magistrados de la sala de lo penal al resolver favorablemente al Ministerio Publico / Inversiones los Pinares y Ecotek (las firmas mineras interesadas en la zona)” y hace un llamado a las “comunidades, familias, organizaciones del municipio, de la región del Aguan, del país y del campo internacional a sumar energías en la lucha por la libertad de los defensores junto a la libertad de los territorios conquistados por la corrupción y la violencia (del empresario) Lenir Pérez y del gobierno de Honduras” (https://bit.ly/3Bdxsci).
Los comités de Tocoa, en Honduras, de Santurbán, en Colombia, y la Red Mexicana de Afectados por la Minería son importantes referentes para las luchas presentes y futuras en defensa del agua.
*Investigador del Institute for Policy Studies de Washington D.C. www.ips-dc.org
Twitter: @ManuelPerezIPS
