Querétaro, Qro., Más de mil 105 hectáreas de los ejidos El Zapote, El Nabo y San Miguelito, declaradas zona de protección ecológica por el ayuntamiento de Querétaro en 2005, se encuentran en la mira de desarrolladores inmobiliarios que pretenden comercializarlas. Aducen que los terrenos “no son productivos” y que con su venta llegará el progreso a esas localidades olvidadas por el gobierno capitalino.
Carlos Zúñiga Vargas, principal accionista de la empresa Carther Desarrollos y Proyectos Inmobiliarios SA de CV, se asoció con ejidatarios para formar la compañía Urbanizadora Santa María del Zapote, SA de CV, considerada por ellos la primera “empresa ejidal”. Prometieron a los ejidatarios 31.7 por ciento de las ganancias, es decir, más de 22 millones de pesos para cada uno.
En medios de comunicación la empresa promueve la comercialización de terrenos del ejido El Zapote a través del proyecto inmobiliario Tierra Noble Juriquilla (TNJ). En una primera fase comercializa 12 mil lotes residenciales, 127 comerciales y “un lago” (en realidad es una presa de 270 mil metros cúbicos). Busca avanzar con obras similares hacia El Nabo y San Miguelito.
Mediante recursos legales, los accionistas buscan anular la declaratoria de protección ecológica de la Zona Occidental de Microcuencas (ZOM) emitida por el gobierno municipal en 2005, la cual abarca 12 mil hectáreas en ocho localidades. Esa extensión equivale a 22.79 por ciento del municipio. Contiene 80 por ciento de bosque tropical caducifolio y de encino, además de ser zona de infiltración natural.
Hace un año, el ayuntamiento de Querétaro clausuró puntos de venta de lotes de TNJ y constantemente alerta a posibles compradores sobre la inexistencia de autorización de cambio de uso de suelo, pues aparte de la declaratoria de la ZOM, también fue considerada área de protección en el Plan de Desarrollo Urbano de la delegación municipal Felipe Carrillo Puerto en 2008, así como en el Programa de Ordenamiento Ecológico del municipio de Querétaro y en el estatal de 2009.
Explotando resquicios legales
Zúñiga Vargas no reconoce al Registro Agrario Nacional (RAN) ni al ayuntamiento de Querétaro como autoridades para regular la venta en los ejidos, pues para él la máxima autoridad es la asamblea de ejidatarios, que está de acuerdo con la venta de sus tierras.
Con una sentencia del Tribunal Agrario a su favor, el empresario anotó ante el RAN la sociedad mercantil junto con la mayoría de los 48 ejidatarios de El Zapote. “Sí hubo disidentes, obviamente, como en todos los proyectos, pero la mayoría calificada fue la que aceptó la aportación de las tierras”, expresó Carlos Zúñiga en entrevista.
Para él, la legalidad de la sociedad entre empresarios y ejidatarios radica en que el artículo 75 de la Ley Agraria exige la opinión técnica de la Procuraduría Agraria, la cual ya obtuvo, y aunque no fue favorable en materia comercial, considera que no la requiere. “Si la Ley Agraria dijera que nos pide la autorización de la Procuraduría Agraria, en ese caso la deberíamos tener, pero si nos dice: ‘Pidan su opinión’, ya se la pedimos”, expresó el abogado de profesión.
Para el también accionista de tres compañías más, con una sentencia del Tribunal Agrario puede vender terrenos como “solares urbanos”, que es la ampliación de una zona ejidal. Aunque reconoció que El Zapote es parte de la ZOM donde se capta el agua de lluvia, para él se puede construir con la contratación de “especialistas” para no depredar.
Zúñiga, quien se dice comerciante y ejidatario de San Miguelito, rechaza que sea ilegal vender terrenos en zona de protección y muestra amparos de 2006 y 2009 en contra de la declaratoria de la ZOM en los ejidos El Nabo y San Miguelito, recursos que obtuvo porque el municipio violó el debido proceso al no consultar a los ejidatarios para emitir la declaratoria. Para él se trata de sentencias definitivas y significan que ya no existe la declaratoria en ambas localidades.
Amaga con demanda de indemnización
Para Zúñiga, si el gobierno municipal emite declaratorias de protección en tierras ejidales donde no pueda comercializar se trataría de “una expropiación” y exigiría al gobierno capitalino que pague por una tierra “tan rica”, valuada en mil millones de pesos, cantidad que representa la inversión para TNJ. También obtuvo el amparo 705/2020, en el que reclaman la inconstitucionalidad de la ZOM para urbanizar en El Zapote.
Para la presidencia municipal de Querétaro “sólo existe una suspensión de plano, que significa que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan”, según indicó en una tarjeta informativa, sin precisar la información sobre la existencia de sentencias definitivas que anulan la declaratoria de protección en los ejidos.
Las constantes autorizaciones para desarrollos inmobiliarios desde Juriquilla ha sido para los empresarios sinónimo de que la mancha urbana va hacia el ejido El Zapote, y como los inversionistas buscarán comprar esa tierra a bajo precio, han convencido a algunos ejidatarios de asociarse con ellos con la promesa de ganancias millonarias.
