GALERÍA/ Con la toma de Bonafont, pobladores gozan de más agua pero temen represalias

Juan C. Bonilla, Pue. “No hay marcha atrás en esta lucha por el agua y la vida”, advirtieron los habitantes de este municipio que, después de tomar el edificio de Bonafont, lo convirtieron en un centro comunitario para la reconstrucción integral de los pueblos originarios, en protesta por el saqueo de agua que la empresa ha cometido durante 25 años.

El pasado 8 de agosto, después de 157 días de manifestaciones y de un infructuoso intento de diálogo con los representantes de la compañía francesa, los pobladores se apoderaron del inmueble y lo transformaron en la Casa de los Pueblos.

En entrevista, integrantes de la organización 20 Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes advirtieron que se alistan represalias contra el movimiento y por lo menos dos órdenes de aprehensión por conducto de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Aseguraron que su lucha ha dado resultados positivos, ya que los manantiales, condenados a secarse, a partir del cierre de las instalaciones de Bonafont se han recargado, “y con ello han regresado la fauna y la esperanza al pueblo”.

Uno de los hombres en pie de lucha es el anfitrión en una mesa de juntas ubicada en la planta que hasta el 22 de marzo extraía un millón 600 mil litros diarios de líquido, tres veces más del límite autorizado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Las paredes del inmueble están llenas de pintas zapatistas y de reivindicación de los pueblos indígenas; además, hay un espacio destinado a las mujeres, donde se plantean y se difunden acciones en beneficio de las comunidades y discursos feministas.

El activista recordó que el 8 de agosto, en la conmemoración del natalicio del general Emiliano Zapata, los integrantes de los 20 pueblos que cerraron el edifico de Bonafont el 22 de marzo se apoderaron del inmueble.

La decisión se tomó después de una asamblea general de los lugareños y de que las autoridades y representantes de la compañía se negaron a dialogar, a pesar de que la Universidad Iberoamericana propuso fungir de mediadora.

Mencionó que después de la clausura del 22 de marzo acudió al plantón Carlos Armando Popoca, delegado de la Secretaría de Gobernación federal en Puebla, para invitarlos a platicar con la empresa, pero nunca regresó.

“Pasamos cuatro meses esperando y no se presentaron. Tuvieron la oportunidad de venir y resolver la situación pacíficamente, pero nunca aceptaron por toda la corrupción que rodea a Bonafont”, aseveró.

Además de ocupar la planta, ese día los manifestantes también cerraron el pozo que la compañía tiene registrado ante la Conagua y desde donde se “saqueó el agua de la población durante 25 años”.

Se hizo un juicio público en el que, al amparo de la autodeterminación de los pueblos, se declaró culpable a la empresa, por lo que se recuperó el inmueble para beneficio público.

En el nuevo centro comunitario, además del espacio para mujeres, se planea la instalación de una estación de radio comunitaria y un proyecto de reconstrucción integral de las comunidades que incluya actividades educativas, de salud, medicina tradicional, cultura y comunicación.

Sostuvo que fuentes cercanas a la FGE les han advertido que se abrieron dos carpetas de investigación en contra de igual número de activistas.

Denunció que desde el 22 de marzo han sido frecuentes los casos de hostigamiento contra los opositores a Bonafont por conducto de la policía estatal y la Guardia Nacional. “Graban con cámaras o drones por la noche, se detienen 10 o 15 minutos frente a nuestro campamento”.

Recordó que al inicio del movimiento se intentó intimidarlos con los guardias de seguridad de la compañía. Hace algunas semanas un trabajador de Bonafont empujó a una mujer del campamento y un conductor de la empresa intentó arrollar con su vehículo a otro integrante del movimiento.

“Fue nuestra última opción”

Desde un pupitre, preparado para la charla en el patio de la planta, una de las activistas relató que en 1992 llegó la embotelladora Arcoíris, predecesora de Bonafont, a la colonia José Ángeles, mediante “engaños”.

Ese año los vecinos dieron su aval para la perforación de un pozo de uso agrícola, pero en vez de ese proyecto se instaló la embotelladora.

En 1996 se convirtió en lo que hoy es la planta de Bonafont, la cual extrajo el líquido que, a decir de los pobladores, fue secando sus pozos paulatinamente, a tal grado que ahora el agua se encuentra a 40 metros de profundidad.

La inconforme explicó que el cierre y la toma de Bonafont no fue su primera sino “la última opción”. Hicieron dos protestas en 25 años, pero ninguna autoridad les hizo caso.

Permiso para depredar y contaminar

Uno de los hombres más viejos de Juan C. Bonilla, oriundo del poblado de San Lucas Nextetelco, con paliacate y sombrero, parado a la orilla de un manantial, habló sobre la recuperación de los mantos freáticos tras el cierre de la embotelladora.

El ameyal no es sólo una fuente de agua para el consumo humano y para el riego de cultivos de maíz, frijol y calabaza, sino además tiene un significado sagrado que proviene de la época prehispánica, ya que las deidades aztecas se bañaban en estas aguas, según las leyendas.

Narró que en su comunidad existían 35 ameyales como éste, con agua abundante, en tanto que los pastizales eran “verdaderos pantanos” que favorecían varias cosechas al año, mientras en la actualidad sólo hay una en la época de lluvias.

La sobrexplotación y los “proyectos de muerte” los secaron. Refiere que en la región de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl proliferan zonas industriales como la planta de la armadora de autos Volkswagen, el Parque Mercatus e Hylsa, entre otras, así como granjas porcinas que, además de extraer agua, contaminan ríos como el Metlapanapa y el Atoyac, a los que arrojan desechos sin tratar.

Subrayó que la propia Bonafont tenía permiso de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para tirar desechos industriales a cielo abierto en una barranca, donde se han encontrado sustancias tóxicas como mercurio, zinc, arsénico y cianuro.

Agregó que los pobladores han señalado “sin temor a equivocarse” que el socavón de más de 100 metros de diámetro que apareció en la junta auxiliar de Zacatepec está relacionado con la extracción excesiva de agua.

Destacó que los 20 Pueblos Unidos de la región Cholulteca y de los Volcanes, entre ellos Santa María Cuexcomac, Nealtican, San Francisco Ocotlán, Xoxtla, Cuanalá, Zacatepec, Coronango, Tlaxcalancingo, cuentan con el apoyo de organizaciones internacionales “en esta lucha por el agua y por la vida, en la que no habrá marcha atrás”.

(Efraín Núñez / La Jornada de Oriente, Tania Molina y Jair Cabrera, reporteros)