Un juez de Tejas, sí, con jota, por la memoria histórica y por el idioma, considera que Joe Biden no tomó en cuenta los beneficios del programa Quédate en México (Migration Protection Protocols, MPP) negociado, entre gallos y media noche, en los primeros días de la 4T.
Aceptar este programa, por parte de Marcelo Ebrard, en diciembre de 2018, fue más bien una novatada de los primeros días de gobierno, una concesión graciosa que se le dio a Donald Trump y que luego se complicó. Es más, fue un verdadero desastre humanitario. Consecuentemente Joe Biden canceló el programa y permitió el reingreso de los solicitantes de asilo que habían podido aguantar y esperado en México, más de un año, en condiciones muy difíciles.
El argumento del juez tejano es muy simple y va de acuerdo con el principio de América first: que los migrantes usarían los servicios “sanitarios y educativos” de ese país y, obviamente, que sería mejor que se utilicen en México y no se grave a los ciudadanos estadunidenses.
Pues bien, no pasó ni un día del anuncio de la Corte Suprema de Estados Unidos, que aprobaba la decisión del juez tejano, y el gobierno mexicano manifestó su voluntad para entrar en negociaciones.
Para remate, según el presidente López Obrador: “esto no es un tema nada más jurídico, legal, es un asunto social, humano, moral”. La frase es clara, es legal y, además, es un asunto social, humano y moral. Pero ahí está el detalle, es legal, según el mandato de un juez de Tejas, corroborado por la Corte Suprema de Estados Unidos. Y ese mandato judicial, de otro país, se va a “negociar” con el gobierno mexicano, “con el debido respeto” y la guadaña encima.
De hecho, el Presidente ya insinuó un posible camino de la negociación al señalar en la mañanera que “es necesario ayudar a Estados Unidos en asuntos migratorios”. Para luego decir que “antes se quería resolver la situación con la recepción de helicópteros artillados. ¿Para qué queremos eso? Estamos pensando en que ya desaparezca ese Plan Mérida y que toda la cooperación sea para el desarrollo”.
Por su parte, Roberto Velasco, jefe para América del Norte de la cancillería, afirmó que “el fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos, que ordenó reinstaurar el programa denominado Quédate en México, no tiene una implicación directa en la gestión migratoria del gobierno mexicano, pues la política nacional en la materia se diseña y ejecuta de manera soberana”.
Nuevamente, ahí está el detalle. Estados Unidos considera que la política migratoria soberana de México no hace bien su trabajo en la contención de migrantes en la frontera sur y por consecuencia tiene que acepar el retorno inmediato de buena parte del flujo de extranjeros en la frontera norte, de acuerdo con el título 42 de la ley sanitaria del vecino país. Y ahora, por añadidura, tendrá que aceptar a los solicitantes de refugio del programa de marras.
El tránsito de cerca de 160 mil migrantes en julio, que fueron capturados por la Patrulla Fronteriza, es ciertamente una cantidad excesiva. Más aún, cuando en los meses anteriores las cifras rondaban 120 mil. (En estos totales ya están descontados los 60 mil mexicanos capturados, en promedio, cada mes).
Si pueden pasar por México más de 150 mil migrantes mensuales, entre ellos más de 15 mil menores de edad, la noticia que cunde en las redes sociales migrantes es que no hay ningún control, que la puerta está prácticamente abierta. Y eso agrava noblamente la situación, porque se crea un “efecto llamada”, que incrementa el flujo regional e internacional. La respuesta de Estados Unidos era previsible.
Jugar a la pirinola en temas migratorios puede ser complicado ya que hay una opción en que todos pierden. Para empezar, pierden los migrantes que tienen que atravesar México, sortear múltiples peligros y perder sus pocos ahorros al ser deportados masivamente. Pierden los solicitantes de refugio porque ahora tendrán que esperar en México. Pierden, del mismo modo, los posibles beneficiarios de una reforma migratoria, entre ellos los dreamers, los trabajadores agrícolas considerados especiales y millones de indocumentados. Pierden los pueblos fronterizos del norte, que han visto agravada la pandemia por la llegada de decenas de miles de migrantes, en su mayoría no vacunados y no pueden reabrir la frontera.
Pierde México que se expone a sanciones y chantajes por parte de Estados Unidos. Pierde el gobierno de Biden que después de meses no ha podido manejar adecuadamente su nueva política migratoria. Pierde AMLO que ha demostrado tener una política errática en el asunto migratorio: de puertas abiertas, durante la gestión de Tonatiuh Guillén, cerradas después de los chantajes de Mr. Trump; nuevamente de puertas abiertas durante los primeros siete meses de la gestión de Joe Biden y ahora se presta a cerrar las puertas por las presiones de Estados Unidos.
Pierden, finalmente, Marcelo Ebrard y sus operadores políticos, que asumieron una carga demasiado compleja de política inter-doméstica, para la cual no están preparados y menos aún interesados en desempeñar.
Todos pierden, pero al parecer no hay nada que cambiar en la política migratoria, según la cancillería. Ya veremos si el tema migratorio vuelve a la Secretaría de Gobernación.
