De manera infructuosa, durante 15 años el ingeniero Marco Antonio Coronado Bravo ha batallado en los ámbitos judiciales para lograr la restitución del edificio que se localiza en la esquina de Tláhuac y Taxqueña, que le fue invadido con violencia la madrugada del 15 de septiembre de 2006 en Iztapalapa.
El afectado señaló: “seguramente como mi caso hay muchos más en la ciudad, pero no desmayaré si de nuevo llega a cancelarse la restitución. Si ocurre, acudiré a instancias federales para, nuevamente, exigir justicia”.
Su lucha está por cumplir 15 años y ha ganado en todas las instancias, la devolución está programada, una vez más, para el próximo 8 de septiembre. Quienes realizaron el despojo se presentaron en ese momento como integrantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de organizaciones civiles.
Sin embargo, y como ocurrió recientemente, una vez más la policía capitalina informó el viernes pasado a Coronado Bravo no disponer de los uniformados suficientes para realizar el lanzamiento. Esto a pesar de que semanas atrás la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) había referido al juzgado segundo de delitos no graves que acataría la orden de resguardar debidamente la acción de desalojo.
La historia data de 2006, cuando el propietario del inmueble decidió remodelar los 52 departamentos que lo integran y proceder a su venta.
Sin embargo, la noche del 15 de septiembre de ese año, un grupo de hombres armados con palos y algunas armas de fuego, sometieron al vigilante de la construcción, ingresaron al mismo y se apoderaron del edificio. De manera inmediata, bajo las siglas de “organizaciones civiles”, colocaron barricadas, se repartieron las viviendas y desde entonces impiden el acceso a cualquier persona ajena al grupo de paracaidistas.
No es la primera vez que las autoridades capitalinas incumplen el mandamiento que ordena el desalojo de quienes se apropiaron del inmueble. El 13 de julio de este año se había dispuesto el lanzamiento; con apoyo de la fuerza pública y mediante un oficio, Jorge Isaac Hernández Moreno, responsable del área de Fuerza Pública de la Subdirección de Ejecución de Mandamientos y Apoyo Oficial, notificó al juzgado que enviaría 120 agentes para resguardar la seguridad en el operativo.
Pero a la hora en que se realizaría la operación para cumplir con la orden judicial “únicamente llegaron 20 elementos en dos unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, lo que consideraron los agentes al mando de la misma que era insuficiente y hasta riesgoso para llevar a cabo su tarea. De ello fueron informados dos secretarios de acuerdos, personal de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y actuarios”.
Con la misma perseverancia de hace tres lustros, pero cada vez con mayor desazón y suspicacia por los acontecimientos que le impiden recuperar el inmueble, una vez más Coronado espera que “las autoridades capitalinas modifiquen su actitud y el 8 de septiembre restituyan mi patrimonio, el cual ha sido usufructuado por invasores que han gozado de indudable protección oficial”.
