“Esto es peor que la muerte”; “no deberíamos estar aquí”; “no debería haber madres buscando, no deberíamos estar con una pala o con machete”, fueron algunas de las expresiones vertidas por las participantes en la inauguración de la muestra fotográfica “Estos rostros que ves. Mujeres que buscan” en el Centro Cultural Los Pinos. La exposición, que retrata la conversión de madres, esposas, hijas, hermanas, en rastreadoras para dar con el paradero de sus seres queridos desaparecidos, exhibe el dolor que padecen centenares de miles de mexicanos a resultas de este flagelo, así como del incumplimiento de las autoridades en su deber elemental de proteger la integridad física de los ciudadanos.
En vísperas de que mañana se conmemore el Día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas, organizaciones no gubernamentales, el programa de Desaparecidos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Agencia de Cooperación Alemana y las rastreadoras coinciden en que durante el presente sexenio se ha dado un giro en el tratamiento oficial de la tragedia. De acuerdo con estas voces, el actual gobierno federal ha acabado con la cerrazón y la indiferencia que caracterizaron a sus antecesores: se crearon instancias del más alto nivel para dar seguimiento a los casos, se aceptó la competencia del Comité para las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas para hacer recomendaciones y disponer Acciones Urgentes, se crearon comisiones locales de búsqueda a través de la Comisión Nacional de Búsqueda, y se han dado reiteradas muestras de voluntad política por parte de la instancia correspondiente, la Secretaría de Gobernación.
Sin embargo, personajes entrevistados por este diario también concuerdan en señalar que hasta el momento los avances institucionales no se han traducido en lo más importante: la localización de las 91 mil personas que permanecen en paradero desconocido y la identificación de los 52 mil cuerpos sin reconocer a nivel nacional. Entre los principales obstáculos, se citan la falta de voluntad de los gobiernos estatales, así como las deficiencias estructurales del Poder Judicial y las fiscalías, donde muchas veces se detienen las investigaciones debido a un pacto de impunidad que ha sido imposible romper, pese a las sentencias emitidas por organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el mencionado Comité de la ONU.
Está claro que de nada sirve contar con un marco jurídico sólido –“acorde con casi todos los estándares internacionales”, según el CICR– si no se remueven las rémoras que impiden su instrumentación en la búsqueda de las personas desaparecidas y, no menos importante, en poner fin a este fenómeno que mantiene a miles de familias hundidas en la zozobra. Hacerlo constituye, sin lugar a dudas, uno de los mayores pendientes del gobierno federal, pues regresar la tranquilidad a los hogares y hacer justicia ante las violaciones a los derechos humanos es una obligación del Estado, pero además supondría el mejor indicio de que se encuentra en marcha una verdadera y profunda transformación de la realidad mexicana.
En la consecución de este propósito, resalta la urgencia de reformar a fondo el Poder Judicial para que deje de ser el máximo obstáculo a la justicia y se convierta en su auténtico garante.
