Lima. Fiscales y policías peruanos allanaron ayer las oficinas del partido oficialista Perú Libre en una investigación sobre el financiamiento de la campaña electoral, al cumplirse el primer mes del presidente Pedro Castillo en el poder.

La inspección de siete inmuebles, incluida la casa del cuestionado jefe del partido, Vladimir Cerrón, fue autorizado por el juez Carlos Sánchez por orden de la fiscalía. Ésta abrió una causa preliminar a Perú Libre por supuesto lavado de dinero, que incluye al jefe de gabinete de Castillo, Guido Bellido.

El juez autorizó el registro domiciliario, incautación de bienes, quebrantamiento de cerraduras, cajas fuertes y de seguridad de esas oficinas y casas, según un documento judicial.

El fiscal Richard Rojas dirigió los allanamientos en tres inmuebles de Lima y cuatro en la ciudad de Huancayo, donde reside Cerrón, quien fue condenado en 2019 a cuatro años de prisión suspendida por corrupción cuando era gobernador de Junín. La sentencia le impidió ser candidato a vicepresidente de Castillo.

La investigación preliminar del fiscal está dirigida contra Bellido y Cerrón, así como contra el partido Perú Libre, en su condición de persona jurídica.

Fundado por Cerrón en 2008 como movimiento político con sede central en Huancayo, Perú Libre se define como marxista-leninista. Saltó al primer plano en abril, cuando Castillo dio la sorpresa en la primera vuelta electoral al encabezar el escrutinio entre 18 candidatos.

Con el triunfo de Castillo, un maestro rural de Cajamarca, sobre la derechista Keiko Fujimori en el balotaje del 6 de junio, Perú Libre se convirtió en el primer partido provinciano en alcanzar el poder en el país. Los allanamientos comenzaron al amanecer sin contratiempos y continuaban en la tarde, según medios locales.

Esto ocurrió al día siguiente de que el Congreso dio el voto de confianza al gabinete encabezado por Bellido, que le permitió mantenerse en funciones. La votación en el Congreso fue la primera prueba para el gobierno de Castillo, quien asumió el 28 de julio.

Las disputas entre el nuevo gobierno y la oposición le costaron el puesto al canciller Héctor Béjar, el 17 de agosto. Los opositores esperaban más cambios de ministros, pero Castillo se negó y el Congreso otorgó la confianza al gabinete por 73 votos contra 50.

Las acusaciones de corrupción y lavado de dinero rondan a los políticos peruanos desde hace cinco años, cuando estalló el escándalo de aportes ilegales del gigante brasileño de la construcción Odebrecht, que salpicó a cuatro ex mandatarios y a Keiko Fujimori.

Ella niega los cargos, pero pasó 16 meses en prisión preventiva y debe ir pronto a juicio.

Medios limeños presentan a Cerrón como el poder detrás del trono en el nuevo gobierno, y una encuesta mostró que 48 por ciento de los peruanos piensa que él es quien manda en el país.