Santiago. “No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague”, dice el refrán, cuyo significado “reprende la imprudencia del que promete ejecutar algo confiando en el plazo que se le concede, y el engaño de quienes actuando mal se creen impunes”. Eso parece estar padeciendo la agotada ex Concertación, la coalición de centroizquierda que durante 20 años continuos (1990-2010) gobernó Chile tras la dictadura y cuyo ocaso luce inevitable.
No está acabada, aún le quedan fuerzas, pero su desempeño electoral es decreciente y disparejo. Por ejemplo, en las municipales de mayo ganó 129 de 346 alcaldías, pero en la elección de delegados constitucionales llegó cuarta con 14.4 por ciento de los votos, eligiendo a 25 de 155.
Lo de la imprudencia y el engaño tiene que ver con que para muchos incumplió su gran promesa: “Chile, la alegría ya viene”, repetía en 1988 el jingle que alentó a vencer el miedo y a votar contra la tiranía. “La alegría no llegó”, reclaman sobrevivientes de aquella gesta, también sus hijos y nietos; acusación que puede ser injusta, conocido el terror del pinochetismo y a la luz de cómo la ex Concertación administró el modelo y cambió el país: la pobreza cayó desde más de 50 por ciento a 8, el ingreso per cápita se multiplicó por 5 hasta 15 mil dólares y el producto interno creció siete u ocho veces.
Por contrapartida, la mayor riqueza se concentró en poquísimos, tanto como que uno por ciento acumula 26 por ciento, y otro 10 por ciento, 66.5 por ciento, mientras la mitad de los hogares de menores ingresos se reparte 2.1 por ciento. El salario mensual promedio ronda 850 dólares y la mitad de los asalariados percibe menos de 600 dólares mensuales. Pero es imposible, con 30 años de posdictadura, justificar el desigual país en el trauma feroz de aquélla, sino porque las reformas fueron escasas, y la desigualdad, intolerable. Y ese lastre lo arrastra la ex Concertación.
El estallido
“No son 30 pesos, son 30 años”, grita la gente desde octubre de 2019, aludiendo a los 0.04 centavos de dólar en que Piñera quiso alzar el pasaje del transporte público y que detonó el estallido social del 18-O.
El ocaso de la ex Concertación mostró nueva evidencia el 21 de agosto, cuando la “consulta ciudadana”, organizada por su sucedánea, Unidad Constituyente (UC), movilizó apenas a uno por ciento del electorado. Ni los peores vaticinios auguraban que los seis partidos de la UC –Demócrata Cristiano (DC), Socialista (PS), por la Democracia, Radical, Progresista y Ciudadanos– tendrían un desempeño tan misérrimo.
Ernesto Águila, analista político de la Universidad de Chile, dice que el país cambia aceleradamente desde el estallido social del 18-O, y que uno de los más importantes es la configuración de un nuevo sistema de representación política.
“La coalición dominante desde el retorno a la democracia pareciera entrar en su ocaso definitivo. Una prueba es la deslucida consulta para definir a su abanderado presidencial, cuando movilizaron a 150 mil votantes, lo que contrastó con el millón 700 mil votantes de la izquierda y el millón 300 mil de la derecha que participaron en las primarias legales de mayo”, detalla.
La baja concurrencia se explica en parte en que fue una consulta autoorganizada, pero “el hecho de que movilizara incluso menos que sus propios militantes, estando abierta a la ciudadanía no militante, es expresión de una crisis más profunda. Más en el fondo, lo que ha entrado en crisis es la relación PS-DC, eje de la transición chilena. Sus perspectivas programáticas se han ido alejando y su caudal electoral ha disminuido ostensiblemente. A diferencia de lo que ocurrió por dos décadas, ya no son garantía de mayorías ni de gobernabilidad”, asegura. Y la votación socialista se trasladaría al candidato izquierdista Gabriel Boric.
Claudio Fuentes, académico de la Universidad Diego Portales, dice que buena parte del ocaso de la ex Concertación radica en que se encapsuló en la administración del Estado, “cortando lazos vitales con organizaciones sociales y territoriales”, e incapaz de renovar su propuesta país.
Ese aislamiento, dice, responde en parte a que “no había las mayorías necesarias para aprobar reformas estructurales durante gran parte del ciclo político 1990-2020”, pero también ocurrió que “hubo actores de la coalición que se vincularon con el sector empresarial, generando una rutina y un interés ecléctico sobre la economía y un rol moderado para el Estado”, al punto que algunos entraron en los directorios empresariales. “No eran todos, pero desde la imagen política afectó seriamente el prestigio de la coalición”, dice.
Fuentes asegura que la UC es ahora “un matrimonio por conveniencia” y está por verse si logrará construir una nueva épica para articularse como una fuerza competitiva.
