En mi andar en el camino de la comercialización del gas licuado de petróleo (LP), he comprendido la realidad social de muchos usuarios en Sonora y Baja California; he sido testigo de los cambios en la actividad durante las pasadas dos décadas, pero, sobre todo, hoy comprendo que la realidad y la economía doméstica para muchas familias puede llegar a ser un calvario por la falta de oportunidades, los altos costos de la vida y los bajos salarios.

Desde el anuncio del presidente López Obrador para intervenir en la comercialización del gas LP mediante la creación de Gas Bienestar y del tope de precios para las empresas que nos dedicamos a este mercado, han surgido diversas opiniones que alertan una supuesta “inviabilidad del proyecto”.

En su anuncio, el Presidente mencionó la existencia de cinco familias que controlan la comercialización del gas LP en el país, es decir, sólo cinco grupos empresariales tienen el control de un bien público; existen otras de menor capacidad logística y operativa, pero ante el escenario nacional son agentes económicos medianos o pequeños como es el caso de Blue Propane, la empresaque tengo el orgullo de dirigir y que genera cientos de empleos dignos desde hace más de 20 años en el norte de México.

Si bien es obligación del Estado hacer accesible al usuario final este insumo de utilidad pública y de carácter esencial, también es cierto que su capacidad es limitada, por eso existimos nosotros los concesionarios, quienes cubrimos esa obligación del Estado en muchos rubros, lo que obliga a nuestra actividad a una gran responsabilidad social, algo que los grandes depredadores de estas cinco familias hoy en día han olvidado.

Los analistas asustados con el fantasma del “comunismo” poco han hablado de los efectos de la concentración de 60 por ciento de la comercialización que representan estos cinco grupos; poco han comentado del riesgo que representa que unos cuantos mantengan la hegemonía actual en este insumo vital para las familias del país. La tendencia en el consumo doméstico es a la alza, pero la apertura en la comercialización del gas LP en este mercado se ha mantenido estancada por décadas.

Puedo opinar con fundamento sobre lo nocivo que es la concentración del control en una actividad esencial para el ciudadano, me constan las consecuencias de un sistema de privilegios que suplanta al estado de derecho, donde el modelo de la administración municipal termina siendo una dirección más de quienes tienen secuestrada la comercialización del gas LP en la ciudad de Tijuana y en todo el estado de Baja California. Dos empresas propiedad de la misma familia deciden quién entra al mercado local de la comercialización del gas, pero sus redes son tan amplias que corrompen a autoridades estatales, funcionarios municipales, entidades de impartición de justicia, algunos legisladores y hasta asociaciones civiles que se crean para brindar protección a los opresores.

Por ejemplo, en Baja California, desde hace dos décadas 12 integrantes de la familia Zaragoza controlan 58 permisos para el almacenamiento, expendio, distribución y transporte de gas licuado de petróleo. Del total de permisos en la entidad y de acuerdo con actas notariadas en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, así como en bases de datos de la Comisión Rguladora de Energía (CRE), 63 por ciento están vinculados a algún integrante de la familia Zaragoza. A los tentáculos políticos institucionalizados nos hemos enfrentado desde hace más de cinco años que quisimos ingresar a ese mercado con todos los permisos de la CRE y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) en regla para ofrecer precios más justos.

El monopolio al que nosotros hemos combatido y denunciado ante la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) representa en la teoría y en los hechos acrecentar la desigualdad: los más pobres resienten en mayor proporción las consecuencias del monopolio, es decir, se afecta su nivel de bienestar, debido a sus ingresos, llega el momento que no pueden adquirir ciertos insumos, lo que propicia la marginación.

Ante este escenario es que la entrada del Estado Mexicano a la comercialización puede contribuir a desaparecer estos vicios y abusos históricos, esfuerzo que debe forzosamente ir acompañado de una política que, de una vez por todas, acabe con los monopolios regionales en cualquiera de sus ámbitos, fomente la entrada y participación real de más agentes económicos y propicie la inversión en infraestructura en ciudades con pocas opciones de compra, como la ciudad de Tijuana u otras zonas metropolitanas del país.

Para entender la lacerante realidad, no podemos perdernos en las limitantes al buscar una solución. Hacerlo es condenar a los desprotegidos a seguir ajenos al desarrollo, aumentar la marginación y propiciar un sinfín de problemas sociales derivados de esta situación. Se puede o no estar de acuerdo en la forma de gobernar del presidente López Obrador, pero es innegable su intención por cambiar el estado de las cosas y mejorar en la medida de lo posible el entorno de las familias más marginadas, eso es hacer algo y en ese intento coincido rotundamente con el Presidente.

* Empresario gasero y sonorense defensor de la libre competencia económica.