Madrid. María del Rosario Quelez es voluntaria en un banco de alimentos desde hace tres años y su diagnóstico es diáfano sobre el aumento de la pobreza y el riesgo de exclusión social a raíz de la escalada histórica en el precio de la energía eléctrica en España: “Lo vemos todos los días, familias que prefieren hacer las colas en nuestros centros para recibir una bolsa de comida antes que utilizar sus electrodomésticos para cocinar en casa. El precio de las cosas, no sólo de la luz, también del agua, de los servicios, de la gasolina, está provocando auténticos estragos en el tejido social”.

Ante la pasividad de un gobierno fracturado y sin un plan para atajar la crisis, el precio de la luz en España superó por tercera vez en menos de tres meses su máximo precio, al alcanzar los 122.7 euros por megavatio. Lo que se traduce en que poner una lavadora, una lavavajillas, el aire acondicionado o un ventilador en casa cuesta más del doble de lo que se pagaba hace sólo un año.

El diagnóstico de la voluntaria del banco de alimentos, quien también trabaja en una empresa de telefonía y sufre en carne en propia la escalada de los precios, según explicó a La Jornada, se ha agudizado, si cabe, este verano. Sobre todo en agosto, cuando además del precio histórico en el precio de la luz se alcanzaron temperaturas insoportables, que sólo se podían paliar con un poco de aire del ventilador o el aire acondicionado. La mezcla fue letal; mientras en algunos pueblos del sur de España se superaron los 47 grados centígrados en la hora del día de más calor, las empresas eléctricas, desde los despachos de los grandes directivos, hacían caja especulando en los mercados financieros para subir los precios y provocar que los clientes en España paguen un precio por el servicio nunca antes visto.

Un drama familiar que se convierte en polvorín social ante el sinfín de historias de alteración en la vida cotidiana. Como el caso de un padre de tres niños, quien se identificó ante un medio de comunicación como S.H., de 52 años y que explicó tiene por prescripción médica que utilizar un respirador artificial durante las 24 horas del día. El problema es que su enfermedad le ha incapacitado para trabajar, sólo percibe 850 euros (20 mil pesos) por parte del Estado y una buena parte de ese dinero se lo va tragando mes a mes la abultada factura de la luz. “Nos están dejando desamparados y lo que causa más indignación es cómo los políticos que nos gobiernan miran a otro lado o se echan la culpa entre ellos. Una vergüenza”. Él mismo y su familia han tenido que acudir en varias ocasiones a las llamadas colas del hambre, donde reciben comida y enseres básicos de los bancos de alimentos, que en meses recientes dan de comer a más de 600 mil personas diarias.

La emigrante Mariela Moreno, de 21 años y procedente de Ecuador, tiene trabajo, al igual que su pareja, pero también tiene dos hijos y muchos gastos. Sus salarios son bajos, así que no les alcanza para todo, así que “hemos decidido no encender ni los ventiladores ni el aire acondicionado y utilizar lo mínimo los electrodomésticos. Los enchufamos durante cinco minutos para refrescar un poco unas dos veces al día. Después lo apagamos para que no se incremente demasiado la factura”, así explica su día a día.

Pobreza energética

Conrado Giménez, de la Fundación Madrina, quien trabajó con los sectores más vulnerables de la sociedad, explicó que su organización ha detectado que “la factura se ha disparado hasta los 180 euros mensuales (4 mil 200 pesos) en el caso de algunas familias numerosas y con mayor consumo energético. A muchas de estas familias se les corta directamente la luz en sus hogares. Nos encontramos ante una situación grave y sin precedente, que se silencia porque no interesa.

“El Estado, que es el responsable de esta crisis, debería poner medios para que a estas familias no les falte la luz y para que no siga aumentando la pobreza en el país, que ha sido una explosión en España en niveles nunca antes vistos, ya que esa pobreza ha afectado a casi el 26 por ciento de las familias españolas y las ha convertido en vulnerables”.

Un drama que no para de crecer y que sólo recibe la atención de algunas organizaciones no gubernamentales o asociaciones de consumidores, como la OCU, que solicitó a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) que publique el nombre de las compañías eléctricas que se sospecha están manipulando los precios, entre ellas Iberdrola y Endesa. Para OCU se trata de un hecho grave, pero no sorprendente. Es bastante habitual que algunas compañías comercializadoras de electricidad no informen de forma adecuada a sus clientes sobre los cambios y actualizaciones de su tarifa y las subidas de precios.

Y desde el gobierno español, integrado por una coalición de izquierdas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP) no hay ni una respuesta clara ni un plan específico, a pesar de que uno de sus lemas antes de llegar al poder era poner fin a la pobreza energética. Si acaso hay un debate más teórico que real si lo que debería hacer el gobierno es crear una empresa estatal de electricidad, pero es sólo un debate teórico sin visos de prosperar. Entre tanto las colas del hambre siguen creciendo en todo el país, ahora también propiciados por la pobreza energética.