El Colectivo de Organizaciones del Movimiento Urbano Popular solicitó al Congreso capitalino una prórroga de seis meses en la discusión de la iniciativa de reformas que envió la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para incentivar la producción de vivienda de interés social, popular y sustentable a fin de realizar consultas y foros.

En el texto –programado para someterse a votación en el periodo extraordinario de mañana– se definen las reglas de aplicación de la Norma 26 y restringe su uso a los organismos públicos como el Instituto de Vivienda, lo que permite asociarse con desarrolladores privados.

En un oficio entregado al Legislativo, el grupo considera que la iniciativa “no fue suficientemente socializada con los habitantes de la capital”, y si bien reconoce la necesidad de ejercer el derecho a la vivienda manifiesta su preocupación sobre el acceso a servicios básicos como el agua, especialmente en algunas alcaldías con problemas de abasto, por lo que es necesaria una consulta de seis meses como la que se hará para el Plan General de Desarrollo 2020-2040 y el de Ordenamiento Territorial 2020-2035.

En tanto, la asociación Suma Urbana se manifestó en contra de la iniciativa al afirmar que repetirá problemas de corrupción y segregación urbana que generó en su momento la Norma 26, pues no permite mecanismos de participación ciudadana y tampoco toma medidas para evitar su uso clientelar.