Después de cumplirse 11 años de la masacre de 72 personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas, integrantes de diversas organizaciones defensoras de derechos humanos señalaron que “los avances son mínimos”.
Al denunciar la “impunidad” que prevalece en este crimen que perpetró el cártel de Los Zetas el 22 de agosto de 2010, señalaron que pese a las “burocracias” mexicanas y de otros países centroamericanos, de los cuales eran originarios los migrantes asesinados, los familiares no se rinden en la búsqueda de justicia.
Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia, que acompaña a familiares que sufrieron delitos graves contra migrantes, dijo a La Jornada que es urgente la creación de una “comisión especial e independiente” dentro de la Fiscalía General de la República para investigar, reparar el daño y hacer justicia.
Consideró que en la FGR “no hay capacidades para dar repuesta ni a ésta ni a otras masacres”.
Precisó que han ocurrido diversos atentados en contra de migrantes en el país: el de Cadereyta, Güémez, las fosas clandestinas de San Fernando y, en enero de este año, el de Camargo, donde murieron 19 personas. “En ningún caso hay sanción, por eso siguen ocurriendo (...) Al no haber sanciones, se manda el mensaje de que la violencia está permitida”.
Anunció que realizarán “diversas acciones jurídicas a nivel nacional e internacional” porque “no hay voluntad política para resolver”, ya que a 11 años de la matanza “no hay nadie en la cárcel”.
Las agrupaciones realizaron una velada en el antimonumento + 72 migrantes, ubicado en avenida Reforma. Allí pusieron veladoras y flores y exigieron justicia a 11 años de esta tragedia.
