El 30 de agosto se conmemorará el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Sin embargo, no ha sido sino hasta hace 10 años cuando se dio el reconocimiento mundial a una problemática tan compleja y devastadora que, a pesar de todo, data de muchos años atrás: la desaparición forzada de personas. El Estado es uno de los principales responsables de la comisión de este delito y grave violación a los derechos humanos y, por ello, para lograr el reconocimiento de esta práctica, así como la visibilización pública de las víctimas, ha sido largo el camino recorrido por colectivos de sobrevivientes, familiares y organizaciones de la sociedad civil en el mundo.
Este día se contempló como especial en la lucha de quienes buscan a sus seres queridos. Se trata de un momento para revelar más una problemática que, en el caso mexicano, involucra múltiples actores y vínculos entre ellos. Por ejemplo, el crimen organizado y la corrupción generada por gobiernos en todos sus niveles.
Este texto no alcanza para un análisis detallado de las causas históricas, económicas, sociales y políticas de la desaparición en México. pero con el queremos honrar la lucha de quienes buscan a sus familiares desaparecidos. Vale señalar que, en su gran mayoría, son mujeres las que buscan a propios y ajenos, a todas y todos. Sumados dan la cifra de más de 90 mil personas, según los datos más recientes de las autoridades.
Por desgracia, en este país pareciera que las autoridades se acostumbraron rápida y convenientemente a que fueran las buscadoras quienes realizaran mayormente la búsqueda en campo, lo cual pone en riesgo constante su vida. Las personas buscadoras van ahí, donde muchas autoridades se niegan a ir. Se han convertido en las primeras respondientes ante una desaparición y son ellas quienes transmiten saberes, conocimientos y experiencias sobre los procesos jurídicos y de búsqueda cuando una persona nueva comienza a buscar en medio del dolor que trae la desaparición de un familiar.
Vale resaltar que el pasado 24 de agosto organizaciones sociales, personas y colectivos de familiares publicaron un importante comunicado (https://cutt.ly/7WycY88) sobre las preocupaciones con relación a los complejos y largos procesos de búsqueda en campo, así como a investigaciones penales y a la búsqueda de verdad y justicia. En los pasados tres meses han sido asesinadas por lo menos tres personas buscadoras, aunque sabemos que muchos de estos casos no salen a la luz pública por consideraciones de seguridad para los familiares.
Aunado a esto, debemos decir que el derecho a la participación en las distintas etapas de la búsqueda de desaparecidos lo han ganado los familiares y colectivos a fuerza de tenacidad y demanda pública. Este constante proceso de lucha y aprendizaje los ha llevado a adquirir herramientas y conocimientos cada vez más especializados sobre derechos humanos y ciencias forenses, por mencionar algunos de los más evidentes.
La articulación de distintos colectivos y su constancia en la construcción de puentes de diálogo con las autoridades ha hecho posible la próxima instalación de un Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) para avanzar en el rezago de la identificación humana en la República; asunto del que me ocupé en meses pasados ( La Jornada, 13/3/21).
Sabemos que son ellas y ellos quienes han impulsado y trabajado en la implementación de leyes ad hoc para avanzar en la búsqueda de personas, tanto a escala local como nacional. Buscando se han encontrado, y ahí han aprendido a caminar conjuntamente, haciendo de todos los desaparecidos sus desaparecidos. Así lo señalan cuando gritan “faltan más de 90 mil” o “los desaparecidos son de todas y todos”.
Todo con la firme esperanza de encontrar a todas las personas desaparecidas. Aunque los niveles de violencia y desatención hacen más difícil su caminar, en estas fechas es fundamental que el Estado respete una máxima: ¡sin familias no! Dicha máxima implica que la participación de éstas no se reduzca a poner en riesgo su vida durante las búsquedas en campo; que se fortalezcan los sistemas de búsqueda, y que no quede ninguna institución clave sin los medios necesarios para hacer su trabajo.
Asimismo, es fundamental poner atención a la solicitud que ha hecho el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, de concretar la visita al país del Comité contra la Desaparición Forzada, conforme al artículo 33 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Tal vez lo único que nos permita avanzar para revertir las desapariciones que no cesan, sea una efectiva coordinación y diálogo entre el Estado, los colectivos de familiares de personas desaparecidas y las organizaciones sociales que les acompañan.
