Sin modificaciones de fondo, entre críticas de Morena por invadir facultades del Legislativo, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los lineamientos para la realización de la consulta sobre revocación de mandato, bajo la premisa de que, de aprobarse la ley reglamentaria –que lleva 436 días de omisión– se adecuarán a lo que ésta disponga. Las disposiciones refrendan el precepto constitucional de que la promoción de este ejercicio es potestad de los ciudadanos, siempre y cuando sea propuesta por el equivalente a 3 por ciento del padrón y reserva al INE la redacción de la pregunta.

Apremiado por la necesidad de contemplar las previsiones económicas y con la obligación de aprobar ayer –por disposición legal– el presidente del INE, Lorenzo Córdova, defendió la decisión ante la incertidumbre en el Congreso: “Estamos a 616 días de que se publicó la reforma constitucional, y desde hace 436 habríamos tenido que contar con una ley reglamentaria (…). El INE, en este sentido, no puede especular sobre si habrá o no acuerdo entre las y los legisladores y cuándo ocurrirá esto. Deseamos que esto pueda suceder a la brevedad posible”.

La decisión tiene tres propósitos: subsanar la omisión legislativa de manera precautoria, pues de aprobarse la ley secundaria se modificarían para adecuarla a ésta; adoptar las previsiones presupuestales para financiar el ejercicio y dar certeza a los ciudadanos de su adecuada organización, dijo.

La consejera Dania Ravel secundó la argumentación y apeló a los tiempos para organizar el proceso: “si nosotros no damos este paso, las áreas no tendrán ningún sustento para empezar a actuar al respecto y en caso de que se actualizara la solicitud de revocación de mandato es muy probable que los tiempos con los que contarán sean insuficientes, a fin de de que las áreas pudieran hacer todo lo necesario para la adecuada implementación”.

Estas explicaciones fueron insuficientes para Morena, que insistió en la invasión de facultades; el representante de ese partido, Alejandro Viedma, recordó que en el trabajo en comisiones solicitaron un mes, sobre la base de que había una clara omisión legislativa, para aprobar la ley. Anticipó que impugnará los lineamientos por la extralimitación de funciones del INE.

Para PRI, PAN y PRD los lineamientos carecían de restricciones mayores para funcionarios públicos, incluyendo al Presidente, así como a los partidos para participar en este ejercicio de democracia directa. El PAN solicitó que los partidos sólo participaran como observadores del proceso, en tanto que el PRI sugirió restricciones para quienes promuevan este ejercicio, para que acrediten su actividad en ámbitos electorales previamente a fin de evitar la creación de organismos al vapor.

La relevancia de este ejercicio, consideró el consejero Ciro Murayama, obliga al organismo electoral a no improvisar, pues “si el INE y el Congreso no dan todos los elementos legales de certeza, podemos estar en una representación muy lamentable de aprendices de brujo, puede interrumpirse un mandato constitucional del jefe del Estado mexicano, eso no puede ocurrir sobre la improvisación, la incertidumbre y la ausencia de normas, aunque son contrarios a la idea del ejercicio; mi responsabilidad es aprobar estos lineamientos para dar certeza a la ciudadanía y a los actores políticos”, dijo.