La mañana de ayer, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, un grupo de manifestantes formado en su mayoría por integrantes de la sección siete de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) retuvo el vehículo del presidente Andrés Manuel López Obrador y le impidió el ingreso a las instalaciones de la séptima Región Militar, donde el mandatario tenía programada la reunión cotidiana del gabinete de seguridad, además de la conferencia matutina de todos los días. A los docentes se sumaron alumnos de la escuela normal rural de Mactumactzá, así como algunos trabajadores de la salud y familiares de presos que no han sido excarcelados.
Se vulneró así, de manera por demás preocupante e injustificable, la seguridad presidencial, la cual debe ser salvaguardada en todo momento e independientemente de quién ocupe el cargo, por un elemental principio de estabilidad institucional y seguridad nacional. Ciertamente, los responsables de esa situación indebida no fueron únicamente los inconformes, sino también los propios colaboradores del mandatario, particularmente los del área de Seguridad, quienes no habrían debido dejarlo solo ni iniciar sin él la reunión matutina y la posterior conferencia de medios.
Es particularmente lamentable que el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, que es a quien corresponde resolver las inconformidades expresadas ayer de mala manera, prefiriera asistir a los encuentros en el interior de la instalación militar a enfrentar reclamos sociales que son de su incumbencia directa.
No debe soslayarse que tales reclamos son en su mayoría justificados, pero que es al ámbito estatal, y no al federal, al que corresponde atenderlos y resolverlos, como lo expresaron los propios manifestantes. Justamente por eso, resulta incomprensible que hayan decidido acorralar a López Obrador, el único Presidente que se solidarizó sin reservas con la lucha del magisterio democrático en los momentos en que éste sufría una escalda represiva, y el único que ha escuchado y resuelto sus reivindicaciones. Tal actitud contrasta con la de sus antecesores, quienes no sólo violentaron severamente los derechos laborales, sociales y políticos de los maestros, sino que los difamaron, reprimieron y persiguieron, echando mano de la violencia del Estado y a la criminalización de las luchas sociales.
Las lecciones de este deplorable incidente son claras: por una parte, el equipo presidencial debe establecer mecanismos que permitan proteger en todo momento la integridad física y la libertad de movimientos de su jefe, sin recurrir a los aparatosos y repugnantes dispositivos de blindaje y aislamiento del pueblo que usaban los anteriores titulares del Ejecutivo federal; por la otra, los activistas de movimientos sociales y organizaciones populares deben comprender que la selección de los métodos de lucha debe ser armónica con las circunstancias. Y en las actuales, el bloquear a un Presidente que ha sido defensor de tales movimientos es un desatino que introduce indeseables factores de tensión en la vida pública, pone en riesgo la seguridad del mandatario y se revierte en contra de quienes recurren a semejantes acciones en forma de desprestigio y pérdida de credibilidad.
