Entre los cuestionamientos de Morena por entrometerse en facultades del Congreso y críticas del PRI, PAN y PRD por no acotar suficientemente el papel de los partidos, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó los lineamientos del ejercicio de Revocación de Mandato. Al justificar la decisión, el consejero presidente, Lorenzo Córdova aseveró que ésta derivó de la dilación en la aprobación de la ley secundaria, por lo que se tenían que tomar previsiones para garantizar la certeza en su organización y tomar previsiones presupuestales.

Durante un largo debate en el que los consejeros reivindicaron la pertinencia de los tiempos a partir de que este 27 de agosto es la fecha límite que tiene el INE para aprobar su proyecto de presupuesto a fin de remitirlo a la Secretaría de Hacienda para su integración en su paquete presupuestal.

Asimismo, para poder activar el conjunto de acciones de organización; “para decirlo con claridad, si nosotros no damos este paso, las áreas no tendrán ningún sustento para empezar a actuar al respecto y en caso de que se actualizara la solicitud de revocación de mandato es muy probable que los tiempos con los que contaran fueran insuficientes, para que las áreas pudieran hacer todo lo necesario para la adecuada implementación”, aseveró la consejera Dania Ravel.

Sin embargo, eso no inhibió la crítica de Morena cuyo representante legislativo, Alejandro Viedma dijo entender el contexto en que actuaba el INE pero advirtió que se debería esperar a que el Congreso, en uso de sus facultades, aprobará la ley reglamentaria de revocación de mandato.

“Es evidente y muchos lo hemos reconocido de distintos partidos que existió y existe una omisión legislativa; somos críticos y somos responsables de dicha omisión”, pero se están adoptando los pasos neceasarios para su aprobación, por lo que recordó que en comisiones se pidió que se esperara a septiembre para aprobar los lineamientos con posterioridad en caso de que no se aprobara la ley.

Por su parte, su correligionario. Eurípides Flores cuestionó las proyecciones presupuestales del INE para financiar la revocación del mandato comparando lo que dijo, es una inconsistencia en los costos: en la consulta popular de agosto pasado se destinó 8 mil 805 pesos por casilla; para la revocación de mandato se destinarán 23 mil 719 pesos y para la próxima consulta, 19 mil 806 pesos

EN respuesta, Córdova reprochó la comparación de “peras con manzanas”, explicando que en la pasada consulta el INE contó con la ventaja de utilizar a los mismos funcionarios que participaron en las elecciones del 6 de junio, lo que permitió abatir el costo de capacitación al minimo. Ni en la revocación del mandato ni en la consulta próxima, se contará con esa ventaja.

Al justificar la aprobación Córdova desató que obedeció a tres razones: “ Hoy estamos a 616 días de que se publicó la reforma constitucional, y desde hace 436 habríamos tenido que contar con una ley reglamentaria(…) El INE, en este sentido, no puede especular sobre si habrá o no acuerdo entre las y los legisladores, y cuándo ocurrirá esto. Deseamos, por supuesto, que esto pueda suceder a la brevedad posible, a todos nos conviene claridad y certeza”.

Dijo que el INE no podría ser omiso y no tomar previsiones para la organización, a lo cual se suma la necesidad de aprobar el proyecto de presupuesto del INE para 2022 e incluir las previsiones presupuestales para estos ejercicios.

Córdova añadió que “el INE, insisto, nunca ha pretendido, ni pretenderá invadir las competencias de otro órgano del Estado, por ello podemos afirmar con la misma convicción que defendemos y hemos defendido permanentemente nuestra autonomía frente a eventuales intromisiones de otros poderes y órganos del Estado”.

EN su oportunidad los consejeros Martin Faz y Ciro Murayama alertaron sobre la necesidad de que el organismo enfrente con toda seriedad este ejercicio de revocación de mandato, dadas las posibles consecuencias de los resultados.

“Si el INE y el Congreso no dan todos los elementos legales de certeza, podemos estar en una representación muy lamentable de aprendices de brujo, puede interrumpirse un mandato constitucional del jefe del estado mexicano, eso no puede ocurrir sobre la improvisación, la incertidumbre y la ausencia de normas, aunque son contrario a la idea del ejercicio, mi responsabilidad es aprobar estos lineamientos para dar certeza a la ciudadanía y a los actores políticos”, apuntó Murayama.

Por su parte, PAN y PRD alertaron sobre la necesidad de acotar el papel no sólo de los partidos políticos, sino tomar previsiones puntuales para que los funcionarios del gobierno federal, incluido el presidente, no puedan influir en el sentido del voto.