Cuernavaca, Mor. La Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHM) exhortó al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo a dejar sin efecto el acuerdo por el que se autorizó un incremento del 25 por ciento en la tarifa del transporte público, por la crisis económica provocada por año y medio de pandemia de Covid-19, y arguyó que el aumento en la tarifa carece de beneficios reales para los usuarios.

La CDHM, que preside Raúl Hernández Cruz, calificó este aumento de dos pesos en el alza de transporte, que entró en vigor el jueves 26 de agosto, como “imprudente” e “insensible” de parte del gobierno del estado y del titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), Víctor Mercado Salgado.

“Sobre todo al considerar las lacerantes consecuencias que enfrenta la sociedad morelense tras un año y medio de pandemia, mismas que se traducen en el cierre de establecimientos, despidos masivos e incluso en el fallecimiento de quienes representaban el sustento de sus hogares”.

Criticó que la administración de Blanco Bravo y la SMyT trataron de usar con “mala fe” un estudio socioeconómico del transporte público con itinerario fijo en la entidad realizado por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Además, el alza al transporte, que aumenta de 8 a 10 pesos la tarifa mínima, según la CDHM es una “irresponsable determinación, no contempla ninguna medida proporcional al aumento de la tarifa; es decir, no considera contraprestación, garantía u obligación alguna asumida por parte de los prestadores del servicio en beneficio de los usuarios; únicamente se concreta en establecer plazos para cumplir con obligaciones ya determinadas dentro del marco normativo, como lo es el Sistema de Posicionamiento Global, el Programa de Certificación de Operadores del Transporte Público y el cumplimiento de la Revista Mecánica, sin establecer algún tipo de mejora en la calidad del servicio”.

Por lo cual, la CDHM, determinó que “aumentar el costo de la tarifa en el transporte público, constituye una acción unilateral, que pareciera estar motivada por intereses económicos y no por una mejora en un servicio que históricamente ha sido deficiente, indigno y peligroso, tal y como lo demuestran las cifras de accidentes y delitos cometidos en contra de los usuarios”.

Para la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos “todo aumento en la Tarifa del Transporte Público debe ir acompañado de mejoras en la calidad del servicio, entre las que deben encontrarse como mínimo:

“Atención y renovación de unidades en mal estado; implementación de medidas para prevenir la propagación del Covid-19; cámaras de video-vigilancia”, entre otras consideraciones.