Hacienda presentará querellas contras los 100 principales clientes de las 43 factureras que fueron señaladas el año pasado por facilitar un fraude al fisco por 55 mil 125 millones de pesos, informó Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la federación.
Sin dar nombres, dijo que los casos a denunciar por parte de la Procuraduría Fiscal de la Federación –como defensora de los intereses de la Secretaría de Hacienda– van contra grandes contribuyentes que hasta el año pasado siguieron usando estos esquemas para defraudar al fisco y lavar dinero.
“En su momento, vamos a presentar las querellas que correspondan y estamos trabajando para llegar a las cabezas de los grupos delictivos”, declaró durante un congreso sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, convocado por Thomson Reuters.
En junio del año pasado, el Servicio de Administración Tributaria exhibió a 43 empresas factureras relacionadas entre sí, que –de acuerdo con el análisis de 22 millones de comprobantes fiscales– dieron servicio a mil 202 clientes, entre personas físicas y morales, a través de la simulación de 93 mil millones de pesos.
Nombres de presuntos beneficiarios de esta red de 43 factureras se filtraron el año pasado, pero parten de una investigación que tuvo como eje 2017. En ellos no necesariamente aplican las querellas a presentarse, porque es a partir de 2020 que la defraudación se considera delito grave.
Durante la conferencia, el procurador fiscal consideró que la reforma que pena la evasión con cárcel y la llega a tipificar como delincuencia organizada “ha sido un éxito”; sobre todo a la luz de 170 mil millones de pesos más que el fisco percibió el año pasado, en medio de una caída “pavorosa” de la actividad económica.
Esto se debe a que la reforma tiene dos efectos, uno persecutorio y el otro inhibitorio, consideró. Al ver los primeros acuerdos reparatorios de empresas como Walmart, IBM, Femsa –por mencionar algunos–, que se pusieron al corriente en lugar de llegar a un juicio con Hacienda, muchos otros causantes se regularizaron.
Sin dar nombres en ningún ejemplo, Romero Aranda también recalcó que en el caso de subcontratación “el tema es muy delicado”, pues sumado a la evasión fiscal puede llevar a alguien a 13 años y medio de prisión.
Agregó que en un caso de outsour-cing se giraron 15 órdenes de aprehensión, incluyendo la cabeza. “Ese grupo delictivo desapareció porque no pueden tener cuentas en el sistema financiero. Estaban denunciados por lavado de dinero, entonces no pueden tener cuentas, no pueden pagar, son empresas de papel”, explicó.
