La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación por el delito de fraude contra la administradora y el presidente del comité de vigilancia del edificio de Tlalpan 550, por el mal manejo de recursos destinados a su rehabilitación tras los daños que sufrió en el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Damnificados Unidos, organización en la que participan, informó que la Comisión de Reconstrucción otorgó 300 mil pesos a cada uno de los 390 departamentos –117 millones de pesos en total– conforme a los lineamientos publicados el 22 de junio de 2018.

El 12 de septiembre de ese año se transfirió el dinero a la cuenta mancomunada que el gobierno instruyó abrir en cada inmueble afectado, entre la administración y los comités de vigilancia, y en este caso se acordó involucrar la firma de más vecinos, precisó.

Con base en el contrato diseñado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, desde esa cuenta se realizaron exclusivamente erogaciones a favor de la empresa Servidores de la Arquitectura y Construcción (SACSA), designada por la asamblea de vecinos.

Todos los pagos, explicó, fueron previamente autorizados por la supervisión de obra y, en las últimas ocasiones, por el comisionado César Cravioto, quien en octubre de 2019 dijo que los trabajos realizados por la empresa “no eran correctos”.

Ante ello, propuso a los damnificados de Tlalpan 550 devolver los recursos al gobierno y se que contratara otra empresa, lo cual fue aceptado, pero SACSA demandó a los representantes vecinales por incumplimiento de contrato, denunciaron integrantes de la organización.

En una protesta realizada en la Fiscalía de Investigación Territorial en Benito Juárez, señalaron que el abogado asignado por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales “recomendó no realizar la devolución de los recursos hasta no resolver la demanda”.

Cravioto, sin embargo, los denunció por abuso de confianza, “pero se logró echarlo abajo en 2020”, y a más de un año de estar paradas las obras de rehabilitación, se presenta una denuncia de fraude contra ellos, afirmaron.

Tras una reunión con funcionarios de la fiscalía, se acordó la presentación de la carpeta y de las erogaciones realizadas a las cuentas del gobierno y de SACSA, “de nadie más”, en un plazo de ocho días, y tener una respuesta en las dos semanas posteriores.

Con ello, confiamos en que en tres semanas “se dé el no ejercicio de la acción penal, pues hemos actuado conforme a la normatividad y los documentos lo demostrarán”, coincidieron en señalar los representantes del edificio de Tlalpan 550.

La denuncia provino de “una vecina, a quien Cravioto le ofreció un departamento en avenida Del Taller 21”, dio a conocer un integrante de la organización durante la protesta.