Ciudad de México. El gobierno de Estados Unidos manifestó ayer que trabajará con México y con organizaciones internacionales para que en la reactivación del programa Quédate en México se garantice la seguridad, el trato humanitario y el respeto a los derechos humanos de los migrantes.

El Departamento de Seguridad Nacional señaló que tomará medidas para cumplir con la decisión del máximo tribunal en tanto el gobierno federal presenta su apelación al mandato de reinstaurar la medida que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México mientras se procesa su petición en los tribunales estadunidenses.

El gobierno podría intentar nuevamente ponerle fin al programa al hacer que la dependencia presente una explicación más detallada de su decisión de terminar los Protocolos de Protección al Migrante, nombre oficial del programa conocido informalmente como Quédate en México.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, declaró que el gobierno había apelado de la decisión de una corte de distrito de la que surgió la orden de la Corte Suprema, y que seguiría impugnándola “vigorosamente”.

En una conferencia a distancia con medios mexicanos y centroamericanos, Emily Mendrala, subsecretaria adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado estadunidense, señaló que su gobierno está consciente “de los desafíos que ha habido en la implementación previa de los Protocolos de Protección al Migrante”.

Por ello, aseguró, Estados Unidos “colaborará con sus socios, con organizaciones internacionales y de la sociedad civil, y con el gobierno de México para intentar encontrar medidas para mitigar los desafíos humanitarios” que acarrea la reactivación de la política del gobierno de Donald Trump, la cual obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México a que llegue la fecha de las audiencias para su caso.

La funcionaria señaló que el gobierno de Joe Biden debe reactivar este programa en cumplimiento de una orden judicial y subrayó que desconoce el número de migrantes centroamericanos o de otros países que se verán afectados con el restablecimiento del programa, que se debe poner en marcha por mandato de la Suprema Corte de ese país.

El gobierno de Trump colocó a unos 6 mil migrantes en el programa entre abril de 2020 y enero de 2021, una fracción de los más de 71 mil solicitantes de asilo que fueron parte del programa desde 2019.

Mendrala subrayó que Washington acatará la orden judicial y procesará a las personas que lleguen a la frontera sur estadunidense de acuerdo con las normas vigentes.

Añadió que el interés de Estados Unidos es abordar las causas fundamentales de la migración irregular, entre ellas la creación de oportunidades económicas.