Tras el decreto de inscribir a la educación como actividad esencial en México, aproximadamente 33 millones de estudiantes volverán a las aulas el próximo 30 de agosto. El retorno a las escuelas ha sido objeto de politización y se ha contaminado por el clima de polarización social prevaleciente, lo cual ha desplazado del centro de atención el bienestar y los derechos de niños y adolescentes.
Hoy por hoy, lo que queda claro es que en los 17 meses de confinamiento, poco se trabajó en la previsión de estrategias para un retorno seguro a las aulas. Incluso, a pesar del semáforo epidemiológico verde en varios estados y a pesar de la reanudación de otras actividades terciarias, como las recreativas, parece ser que la educación nunca fue una prioridad, particularmente para las autoridades federales, que motivara acciones de prevención oportuna, de inversiones extraordinarias y de diseño de programas específicos para el regreso a clases.
En los últimos meses, la Unicef y otros organismos han enfatizado la urgencia de un retorno seguro a las clases, procurando el bienestar de los estudiantes, a la luz de las evidencias aportadas por estudios que revelan la magnitud y profundidad de las afectaciones a los niños y adolescentes, que han sido víctimas de diversos factores de riesgo intensificados con el confinamiento y el cierre de las escuelas.
El rezago educativo es, quizá, la principal afectación ante el confinamiento. La poca accesibilidad a tecnologías en muchas comunidades y el rezago educativo histórico han vulnerado la calidad de la formación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el país. Previo a la pandemia, los resultados de la prueba Planea de 2018 revelaban que 80 por ciento de los estudiantes participantes no alcanzaron resultados satisfactorios en áreas como comprensión lectora y matemáticas. Aunado a ello, durante la pandemia las cifras de abandono escolar han aumentado considerablemente ante la falta de oportunidades y la incorporación de las infancias y juventudes al sector informal del trabajo. Según el Inegi, el ciclo escolar anterior se produjo la deserción de 5.2 millones de estudiantes por causa del Covid o por falta de recursos.
A lo anterior hay que agregar otro factor que condiciona la calidad de vida de la infancia de nuestro país: la violencia. En el primer semestre de 2021 la violencia en el hogar se incrementó en 24 por ciento respecto del mismo periodo del año anterior; entre la población directamente afectada, son las niñas y adolescentes el sector más violentado, pues en ellos se concentra 93 por ciento de los casos de lesiones en el hogar.
La dimensión sicoemocional de este sector poblacional también se ha visto seriamente comprometida durante la pandemia, pues, de acuerdo con la Secretaría de Salud, en 2020 los suicidios en niños y adolescentes aumentaron 12 por ciento. Los suicidios de niños entre 10-14 años aumentaron 37 por ciento y en adolescentes mujeres entre 15 y 19 años 12 por ciento.
Por todo lo anterior, parece muy claro que no podemos priorizar el derecho a la educación sobre la salud ni viceversa, sino que se debe encontrar un sano equilibrio entre ambos. Dicho lo cual, las razones que justifican la intención del gobierno de retornar a clases son contundentes; sin embargo, hay grandes vacíos sobre el cómo de este regreso.
Los protocolos de retorno suponen que existen condiciones suficientes para garantizar la higiene y los buenos hábitos dentro de las escuelas. No obstante, de acuerdo con Mexicanos Primero, para el ciclo escolar 2019-20 una quinta parte de las escuelas no tenían acceso al lavado de manos y agua potable. La poca accesibilidad al agua es un factor de riesgo que aumenta la posibilidad de contagio tanto de Covid-19 como de otras enfermedades e infecciones.
El anterior dato subraya la lamentable falta de previsión con la que se ha tomado una decisión, de suyo tan necesaria; lo cual hace pensar que el debate que hoy se tiene debió producirse desde hace un año, lo cual nos hubiera permitido construir los consensos indispensables y diseñar los protocolos y establecer las infraestructuras que permitieran un retorno a clases, con el menor riesgo posible para la salud de los estudiantes y profesores, con pleno respeto del interés superior de la niñez y adolescencia.
No obstante lo anterior, es un hecho, el próximo 30 de agosto regresaremos a las aulas y, ante ello, cabe esperar que en nuestro caso se actualicen las experiencias observadas en otros países, según las cuales el retorno a clases no representó un factor de incremento sustancial en los contagios por Covid, siempre y cuando se cuente con la infraestructura y protocolos para garantizar la higiene y protección, y éstos sean puntualmente observados. De cara a esta nueva e importante coyuntura, los gobiernos y los restantes actores políticos tienen una nueva oportunidad para dejar de lado la polarización y la politización y para poner en el centro el derecho a la educación y la protección y el sano desarrollo de los niños, niñas y adolescentes como valores que deben conciliarse.
Es inviable otro ciclo escolar a distancia; sin embargo, se debe proveer presupuesto público para infraestructura escolar, protocolos contextualizados de prevención de riesgos y capacidad de reacción frente a la actualización de ellos, programas de formación a docentes para acompañarlos en la ejecución de modelos híbridos; así como fortalecer la organicidad colaborativa entre autoridades y padres de familia. De otra forma, el retorno correrá un alto riesgo de ser desordenado e incrementar los factores de peligro asociados a la pandemia; con lo cual se pondría en entredicho el cumplimiento mismo del derecho a la educación que se quiere proteger.
