Aún no toma posesión la gobernadora electa de Chihuahua cuando una de sus iniciativas enfrenta doble rechazo social: el pasado viernes 13, María Eugenia Campos Galván envió al Congreso su iniciativa de reingeniería de la administración pública estatal. La justificación manifiesta –sin hablar de las no manifiestas– es que urge ahorrar recursos. Ciertamente las precarias finanzas estatales lo exigen, pero la pretendida “reingeniería” puede ser un pretexto para meter tijera a dependencias que tienen que ver con procesos sociales que le pueden resultar por lo menos incómodos a la nueva administración, acreedora ya de los grupos conservadores.
Dos cuestiones llaman la atención de la iniciativa: la primera: se propone la desaparición y/o fusión de secretarías, como la Secretaría de Cultura, que pasaría a subordinarse a una nueva secretaría de educación, cultura y deporte, como un desdibujado instituto de cultura, sin patrimonio propio.
La desaparición de la Secretaría de Cultura es muy cuestionada por sectores de la sociedad civil organizada de Chihuahua: un grupo inicial de más de 400 artistas, creadoras, creadores, así como trabajadoras y trabajadores de la cultura, desde la muy viva culturalmente Ciudad Juárez, se pronunciaron el fin de semana pasado contra la desaparición de la secretaría, y el lunes 23 otro grupo se manifestó en el mismo sentido ante el Congreso del estado.
En la argumentación de estos ciudadanos destacan las siguientes cuestiones: la Secretaría de Cultura es el resultado del esfuerzo colectivo de personas, activistas, creadoras, promotoras, que por 30 años han contribuido a la creación de este necesario instrumento institucional. Los derechos culturales son garantías fundamentales que deben ser atendidas como función de primera necesidad y atención por el Estado, mismo que debe proteger la cultura e impulsarla con todo su potencial económico y político. La cultura no es sólo de la gente que se dedica a ella, sino es un derecho de todos los ciudadanos. Siendo un derecho humano, se rige por el principio de progresividad, por lo tanto, el estado no puede adoptar medidas que hagan regresivos los avances en la materia. La cultura ha sido un poderoso motor para emerger de la crisis, ha mantenido vivas la comunicación y la esperanza en esta pandemia.
Los ciudadanos que se han movilizado, incluso promoviendo una iniciativa ante change.org (http://chng.it/kW26ysGT) no van a cejar. Van a llegar incluso a interponer un amparo en caso de que el Congreso saliente apruebe la iniciativa. Y la ola sigue creciendo…
Otro punto de la “reingeniería” que ha sido muy cuestionado por el Movimiento Estatal de Mujeres es el que se refiere a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM): la iniciativa en cuestión pretende agregar al nombre “Y Atención a la Familia” y adscribe a ella la operación de los Centros de Justicia para las Mujeres (Cejum).
El Movimiento Estatal de Mujeres señala que, a partir de un acuerdo derivado del caso de Paloma Angélica Escobar Ledezma y otros vs. México, conocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se crea por primera vez en el país la FEM, para responder de manera adecuada, pertinente y con mayor eficacia al acceso a la justicia de las niñas y mujeres. Argumentan que ampliar el enfoque de la fiscalía a la “atención a la familia” implicaría un enorme retroceso, pues diluye su especialidad y desvía los esfuerzos específicos para el combate a la violencia contra las mujeres por razón de género, lo que se aparta de las obligaciones internacionales del estado y representa además un desconocimiento de la lucha histórica de las mujeres en Chihuahua para hacer visible las condiciones de discriminación que encuentran su máxima expresión en que sean asesinadas por el solo hecho de ser mujeres. Además, si los Centros de Justicia para la Mujer, logro también de estas luchas, pasaran a depender de la FEM, como contempla la iniciativa, se iría contra la tendencia nacional y las recomendaciones internacionales que propugnan que estos centros se fortalezcan institucionalmente con autonomía operativa, de gestión y patrimonio y recursos propios. Se debilitaría su operación en perjuicio de las víctimas.
Además del cabildeo, la manifestación pública, también las mujeres chihuahuenses organizadas han acudido a una acción colectiva en change.org (http://chng.it/4Cb7mz7H).
Detrás de la iniciativa de “reingeniería” de la administración pública de Chihuahua hay mucho más que propósitos administrativo-contables o técnicos. Hay la intención de ir complaciendo a los grupos conservadores en dos de las cuestiones que más les provocan urticaria: cultura y género. Se olvidan de que las instituciones públicas en muchos casos son el desemboque de un largo proceso de demandas y luchas ciudadanas, la condensación de un proceso de cultura y participación políticas.
Lo bueno es que esto ha despertado a sectores de la sociedad norteña y se están movilizando de diversas maneras, presencialmente y echando mano de las redes sociales. No están dispuestos a permitir que se retroceda en lo que tanta sangre, sudor y lágrimas les ha costado. La progresividad de los derechos y las leyes que los reconocen, combinados con la movilización ciudadana son un gran antídoto contra las tentaciones regresivas.
Ps. Al momento de entregar este artículo a la redacción el equipo de transición de María Eugenia Campos comunicó que se retira la propuesta de convertir la Secretaría de Cultura en un organismo desconcentrado.
