La política en México, y en la mayoría de los países del mundo, está muy convulsionada y revuelta, no sólo por los intereses de grupos y personas que ambicionan el poder, sino porque la grave situación sanitaria derivada de la pandemia ha generado cambios profundos en las relaciones entre sectores y naciones, además de las consecuencias que se han vuelto un reto constante para mantener la paz y la estabilidad económica y social.
Aparentemente muchas cosas han cambiado, pero en realidad en poco o nada se ha modificado en lo que respecta a las condiciones de vida y de trabajo de las personas que ya estaban en la desigualdad y la marginación. Porque la crisis mundial ha puesto de manifiesto los errores y debilidades del sistema económico. El Covid-19 ha impactado en forma diferente a los trabajadores y a las comunidades. De hecho, ha afectado en forma desproporcionada a los grupos que antes de la pandemia ya se encontraban en desventaja frente a los demás sectores de la sociedad, tales como los trabajadores precarios y pobres, los que forman parte de la economía informal, regiones indígenas, trabajadores migrantes, refugiados, minoritarios y otros más.
El derecho de tener acceso universal a los servicios y suministros médicos, en particular a las vacunas y demás medicamentos, así como aparatos para la protección y la recuperación, no debería depender del poder económico ni de otras dinámicas de mercado. Todos los trabajadores y ciudadanos deben ser tratados como de primera y nadie debe quedar atrás. La salud es prioritaria y no debe estar sujeta a la negociación o la capacidad adquisitiva de las personas. Esto es parte de la solidaridad y la responsabilidad social de todos. Por ello no nos debemos apartar de la cooperación y la justicia.
Una vez que se supere esta etapa, va a ser necesario e indispensable que surja un mundo nuevo y más justo que sea capaz de enfrentar los niveles inaceptables de la desigualdad y la pobreza, la carencia de protección social y mejorar constantemente las condiciones de vida y de trabajo dignas de la mayoría de la población, además de la inminente catástrofe climática. Los mercados no pueden seguir tomando las decisiones y no se debe permitir que los trabajadores y los sectores más vulnerables sean los que paguen el precio de las crisis.
El modelo actual no es sostenible y debe transformarse, ya que los desequilibrios sociales y la inequidad de género que actualmente existen, en el mundo laboral y en las comunidades, se han profundizado y exacerbado, lo cual pone en riesgo los débiles avances y frágiles progresos que se han alcanzado en las décadas recientes. El planeta requiere de un nuevo orden y un contrato social comprometido, al mismo tiempo que un sistema centrado principalmente en el bienestar y el progreso compartido del ser humano.
El análisis de la situación política, económica y social actual de las naciones, deja en claro que la democracia en muchas naciones está en riesgo. En el próximo Tercer Congreso de IndustriALL Global Union, el organismo sindical más grande del mundo, con 55 millones de afiliados de 140 países, que se celebrará a mediados de septiembre, un grupo de dirigentes sindicales integrantes del Comité Ejecutivo Internacional presentaremos una propuesta firme que condena todos los intentos de golpes de Estado y de aquellas posiciones antidemocráticas que estén en contra de la libre determinación y el derecho al voto libre del pueblo.
En la actualidad, los trabajadores están cada vez más desilusionados de la globalización. La falta de solidaridad, el egoísmo, la ambición y la codicia se han aliado para formar partidos políticos de derecha muy conservadores, incluso de corte neofascista. De ahí el surgimiento y el fortalecimiento de dictaduras que promueven el racismo, la xenofobia y otras formas de violencia de género que quebrantan las libertades y derechos democráticos y que además incitan al miedo, la división y la exclusión. Muchas de esas prácticas negativas y destructivas alimentan el terrorismo y los conflictos.
Contra ello será fundamental fortalecer el estado de derecho y los poderes democráticos de la sociedad civil, con el objeto de corregir los errores y la corrupción del pasado y del presente, que incluso se mantiene y crece en muchos países del mundo.
