Desde 2016 bajó en casi 86 por ciento el presupuesto destinado a agua y saneamiento, los recursos son insuficientes para cubrir el derecho humano al agua, sostuvo Hugo Rojas, director de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (Aneas). Destacó que en el país hay 3 mil 501 organismos operadores, de los cuales sólo 672 son formales.
Se refirió a que en la Constitución existe una contradicción entre el artículo 115, que establece que el abasto de agua es una atribución municipal, y el artículo cuarto que obliga al Estado a garantizar el derecho humano del líquido, pero éste “no lo puede garantizar si la atribución es de los municipios”.
Durante el foro virtual Medidas anticorrupción en el sector hídrico, convocado por Red del Agua UNAM, mencionó que el área de los prestadores de servicios de agua y saneamiento es una de las más vulnerables ante actos de corrupción, ya que “hay falta de estándares obligatorios que guíen la prestación del servicio bajo los principios de integridad, profesionalismo, transparencia y mejora continúa”.
Señaló que la corrupción reduce presupuestos y maneja sobrecostos en proyectos de entre 20 y 30 por ciento. Recordó que la Auditoría Superior de la Federación, en la evaluación de la política pública del sector en 2020, indicó que “la política hídrica careció de mecanismos formales para prevenir y mitigar los riesgos de corrupción en los diferentes tramos de control y operación, así como para impulsar la transparencia y la rendición de cuentas, ya que no contó con un órgano regulador facultado para monitorear y evaluar la gestión de recursos”.
Rojas apuntó que la Comisión Nacional del Agua sólo puede hacer sugerencias sobre la operación de los sistemas operadores de agua potable y saneamiento y en los organismos a los que destina recursos, pero debería tener más capacidad de regulación y buscar que éstos cuenten con servicios de calidad.
En resumen, dijo, falta regulación, los municipios son los más susceptibles a ser corruptibles, se requiere un contexto jurídico adecuado y la Ley General de Aguas debe definir claramente la corresponsabilidad de cada orden de gobierno y la sociedad.
Por su parte, Jorge Arriaga coordinador de la Red del Agua UNAM, señaló que las consecuencias de la corrupción se expresan en pérdidas económicas para los organismos operadores, los consumidores y deterioro en la calidad del servicio. Mencionó que se hizo un estudio en el que se aplicaron 617 formularios, sobre todo en el estado de México y la Ciudad de México, de lo cual se derivó que gran discrecionalidad, hay poca rendición de cuentas, no se cuenta con mecanismos de evaluación y existe gran desconfianza hacia las instituciones.
