Un total de 53 personas fueron vinculadas a proceso por feminicidio de enero a la fecha, lo que representa un aumento de 121 por ciento respecto al mismo periodo de 2020, informó la fiscal general de Justicia, Ernestina Godoy Ramos.

Además, se logró la vinculación de 590 agresores sexuales y de otras 668 personas por violencia familiar y lesiones dolosas, lo que representó un aumento de 60 y 29 por ciento, respectivamente, lo cual refleja una disminución sostenida en incidencia y un aumento en casos que han sido vinculados.

Con esto se ha logrado combatir la impunidad, pero se requiere que las víctimas denuncien porque es “la puerta de entrada a la justicia, por lo que en la Fiscalía nos mantenemos en alerta por todas las mujeres”.

Durante el informe de avance en la declaratoria de alerta por violencia contra las mujeres, la funcionaria señaló que la unión de esfuerzos de diversas autoridades involucradas en estos casos ha permitido disminuir la violencia feminicida en la ciudad.

La capacidad de investigación no sólo ha cambiado, sino que se ha fortalecido, por lo que “llamamos a las mujeres a que no se queden calladas y denuncien, pues vamos a seguir trabajando para que nuestros agresores vinculados aumenten”.

Comentó que, entre los vinculados a proceso está un presunto representante de actrices por el delito de violación agravada y privación de la libertad con fines sexuales, así como tres familiares que atentaron contra la vida de una menor de edad.

A su vez, el presidente del Poder Judicial de la capital, Rafael Guerra, informó que aumentaron en 52 por ciento las medidas de protección concedidas a mujeres víctimas de violencia, por lo que el mes pasado se otorgaron mil 773.

Mientras, la Secretaría de Seguridad Ciudadana cumple mil 220 medidas de protección semanales en promedio, con la visita de una célula al domicilio de la víctima para verificar su integridad y hasta la fecha se tienen 39 mil 188 supervisiones, precisó Marcela Figueroa, subsecretaria de Desarrollo Institucional de la FGJ.

Señaló que se abrieron 152 carpetas de investigación administrativa por violencia contra mujeres policías, de las cuales 22 están concluidas y se aplicó la sanción correspondiente, en 68 casos se procedió a la destitución, en 72 hubo correctivos disciplinarios y en dos intervino el órgano interno de control.