Hace tres años que su hijo Eduardo desapareció en Tepic, Nayarit, desde entonces, su búsqueda ha resultado “una pesadilla” y la demanda incesante para que instancias de gobierno y judiciales actúen para garantizar acciones efectivas es “prácticamente inalcanzable”, lamentó Virginia Garay, integrante del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda. “Eso conduce a la impotencia, no lo podemos hacer por nosotros mismos porque no sabemos argumentar legalmente, cómo solicitar a un juez que nos haga un trámite”, y eso detiene la búsqueda.
Durante el conversatorio sobre Desaparición forzada, organizado por la Asociación Mexicana de Juzgadoras y la Comisión Nacional de Búsqueda, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, Luis Efrén Ríos Vega, admitió: “cómo llega un juez que protege el derecho a buscar a un ser querido en esta lógica de instituciones inalcanzables. Esto exige que hagamos un ejercicio de autocrítica. ¿Qué hemos hecho como jueces para que la comunidad nos vea como seres inalcanzables para tutelar su derecho a la búsqueda”. La juez novena de distrito en Guanajuato, Karla María Macías, expresó de que es necesario que el Poder Judicial acompañe más cercana y eficazmente estos casos. Agregó que cuando se promueven amparos relacionados con la búsqueda, el juez no puede reducirse a una atención burocrática de preguntar a la autoridad sobre su presunta responsabilidad y aceptar su respuesta. Es necesario ir más allá en la instrucción de órdenes eficaces para la búsqueda de personas.
La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, destacó la pertinencia de crear una guía para indicar las acciones legales conducentes, en particular por la vía del amparo en beneficio de los familiares de las víctimas, a fin de promover los pasos jurídicos necesarios para la búsqueda “y nosotros, como autoridades, sumarnos a esta obligación de localización de personas”.
Garay hizo una apretada síntesis del laberinto burocrático al que se enfrentan los familiares para obtener las instrucciones judiciales y, en conclusión, reprochó no sólo los complejos procedimientos legales, la exigencia de que las peticiones tengan los argumentos jurídicos para su procedencia, sino también la indolencia de las autoridades.
