Ciudad de México. Más de 70 organizaciones de México y Estados Unidos firmaron el martes una carta abierta en la que pidieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que se oponga al restablecimiento del programa de devolución de solicitantes de asilo implantado por el ex presidente Donald Trump y conocido popularmente como Quédate en México.

La misiva, suscrita por ONG como Amnistía Internacional u Oxfam, colectivos religiosos y departamentos de varias universidades, se hizo pública en vísperas de que la Corte Suprema de Estados Unidos se pronuncie sobre la reinstauración de esta política que para los firmantes “impuso barreras infranqueables al debido proceso y causó daños extremos" a los solicitantes de protección internacional.

Más de 70 mil migrantes —mayoritariamente centroamericanos pero también cubanos, venezolanos y de otras nacionalidades— fueron devueltos a México por la administración Trump en 2019 para que esperaran aquí sus procesos de asilo, una política que decenas de colectivos denunciaron duramente porque dejaba a los migrantes a merced de los cárteles y en condiciones de vulnerabilidad iguales o mayores a las que les habían hecho huir de sus países.

El presidente Joe Biden suspendió el programa el día en que asumió la presidencia, el 20 de enero de 2021, y actualmente está revisando muchos de los casos de las personas acogidas al mismo. Sin embargo, la paralización de la medida fue llevada a los tribunales de Estados Unidos por quienes la defendían, un juez federal en Texas ordenó reimponerla, sus detractores apelaron y el caso acabó llegando a la Corte Suprema.

La semana pasada, el alto tribunal estadunidense suspendió temporalmente la decisión del juez en Texas y se prevé que pueda pronunciarse el martes por la noche de forma definitiva sobre este asunto. Ante esta posibilidad, las ONG firmantes de la carta recordaron que es imposible reinstaurar el programa sin la “colaboración activa” de las autoridades mexicanas tal y como pasó durante el gobierno de Trump. Por eso, pidieron a México que se oponga a su restablecimiento, porque aunque Estados Unidos tendría que acatar una eventual decisión de sus tribunales, México no.

Al ser consultada al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores indicó a AP en un breve mensaje que México “no es parte del proceso judicial referido, el cual trata sobre una medida unilateral” estadunidense. “No hemos sido notificados al respecto, ni tenemos alguna comunicación oficial del gobierno de los Estados Unidos sobre el asunto, por lo que no podemos emitir un comentario al respecto por el momento”, agregó la cancillería.

La participación del ejecutivo mexicano en el mencionado programa fue pactada en diciembre de 2019 e impulsada la primavera siguiente tras la amenaza de Trump de imponer aranceles a México si no frenaba el flujo de migrantes hacia el norte. Dicha actuación también ha sido denunciada por ONG ante tribunales mexicanos que todavía no se han pronunciado al respecto.