Ginebra. La forma en que los talibanes traten a las mujeres, especialmente en lo relativo a su derecho a la educación, representará una "línea roja", advirtió este martes la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
"Una línea roja fundamental será la forma en que los talibanes traten a las mujeres y a las niñas y respeten sus derechos a la libertad, la libertad de movimiento, la educación, la expresión personal y el empleo, conforme a las normas internacionales en materia de derechos humanos", dijo la responsable.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó este martes una resolución sobre Afganistán en la que subraya la "necesidad de investigar rápidamente y de manera transparente" todas las alegaciones de violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario internacional "cometidas por las diferentes partes del conflicto, y que los responsables rindan cuentas".
Pero el texto, adoptado por consenso tras una reunión extraordinaria del organismo, no prevé un mecanismo internacional de investigación, como reclaman las oenegés y varios países, entre ellos la Unión Europea, y se limita a pedir a Bachelet que presente un informe el primer trimestre de 2022.
Durante el encuentro, la expresidenta chilena consideró que "garantizar el acceso a una educación secundaria de calidad para las niñas será un indicador esencial del compromiso con los derechos humanos".
Esta sesión se celebró a instancias de Pakistán, en su calidad de coordinador de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) para los derechos humanos y cuestiones humanitarias, y de Afganistán, representado por Nasir Ahmad Andisha, diplomático que el antiguo gobierno había nombrado, con el apoyo de un centenar de países.
Nasir Ahmad Andisha pidió a esta instancia de la ONU que envíe "un mensaje fuerte a todas las partes, incluidos los talibanes, para hacerles entender que los ataques contra los derechos humanos tendrán consecuencias".
Durante el debate, unos sesenta países presentaron una declaración conjunta, leída por la representante española Aurora Díaz-Rato, pidiendo especialmente "el fin inmediato de los asesinatos selectivos de defensores de los derechos humanos".
Desde su regreso al poder el 15 de agosto, los talibanes intentan convencer a la población de que cambiaron y de que su régimen será menos brutal que el precedente, entre 1996 y 2001.