Madrid. Doce grandes empresas constructoras con operaciones en España, entre ellas una del mexicano Carlos Slim, enfrentan una multa por 61.3 millones de euros, decisión que las firmas planean impugnar por la vía judicial.
Entre las imputadas se encuentran filiales de Acciona, Aceinsa, ACS, OHL, Ferrovial, FCC –con participación mayoritaria de Slim– y Sacyr, las cuales fueron sancionadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por formar parte de un supuesto cártel que alteró las licitaciones de carreteras entre 2014 y 2018.
Las compañías rechazan haber formado este grupo y analizan el expediente a fin de recurrir, para lo que tienen un plazo de dos meses.
En el informe publicado por la CNMC, el organismo incluye todos los alegatos remitidos por las compañías involucradas, quienes señalan que su actuación no corresponde con el patrón de conducta denunciado.
Coordinación anticompetitiva
En cambio justifican que para otros casos pueden presentarse explicaciones “razonables alternativas” a la existencia de una coordinación anticompetitiva.
No obstante, la CNMC concluyó que las empresas no lograron rebatir la existencia de un patrón de conducta ni “el hecho de que sus actuaciones se ajusten en términos generales y durante el periodo de sus concretas imputaciones al mencionado patrón, sin perjuicio de que en ocasiones incurrieran en incumplimientos puntuales.
“El estudio global y en profundidad de las conductas previamente analizadas, los documentos y correos encontrados en las inspecciones, las ofertas presentadas por las empresas incoadas y su comparación con las no incoadas, permite observar un patrón estable y continuado de contactos entre las firmas que confirma, con datos objetivos, la coordinación que se desprende de las pruebas antes descritas”, abundó.
La empresa Acciona alegó que no existe prueba directa en el expediente que le incrimine y que los únicos elementos probatorios en su contra son su inclusión por parte del solicitante de clemencia en el listado de compañías que supuestamente formaron parte del acuerdo y los análisis de los contratos en los que ha participado.
Mientras que Aceinsa, que obtuvo una reducción de 50 por ciento de la multa por acogerse al programa de clemencia, sí ha reconocido su participación en el cártel.
“La citada empresa ha reconocido su participación en las reuniones, en el diseño de las fórmulas para la coordinación de ofertas y la ejecución de ese plan común diseñado por las empresas”, destaca el informe.