Por décadas la Ciudad de México estuvo virtualmente sin la presencia de las organizaciones criminales más importantes a escala nacional e internacional. Ejercían su acción preferentemente en los estados del Pacífico, centro y Golfo de México. Si sus líderes y operadores asomaran sus narices por estos lares o el estado de México, lo hacían con discreción, sin levantar sospechas ni causar muerte. En cambio existían organizaciones locales, como la Unión Tepito, que por años manejó sus negocios sin salirse de esa conflictiva zona. A los delitos cometidos por dicha unión se agregaba la extorsión a negocios y el secuestro de personas para exigir su liberación a cambio de dinero; el asalto a los cajeros de los bancos y en la vía pública; el robo de vehículos, el cobro de derecho de piso por las mafias familiares (aliadas del PRI), que aún controlan el comercio ambulante.
En este siglo, dicha unión amplió su radio de acción en la zona metropolitana de la ciudad y se sumó la presencia de los principales grupos crininales de otras entidades. Y lo hizo en franco contubernio con quienes tenían la obligación de combatirlos. La detención de Genaro García Luna en Estados Unidos, así como de otros personajes que ocuparon cargos importantes en las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña, muestran hasta qué punto el crimen organizado penetró las instituciones públicas.
Ese poder lo mostraron cuando en junio del año pasado atentaron contra la vida del jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch, al que hirieron. El atentado se atribuyó al cártel Jalisco nueva generación y fue la respuesta a las acciones que dicho funcionario realiza a fin de desmantelar los grupos criminales con presencia en la Ciudad de México y entidades vecinas.
Pero la delincuencia individual o en pequeños grupos, y sus modos de actuar, continúa en toda la zona metropolitana: despojan de sus pertenencias a los pasajeros de las combis, asaltan en coche en las principales avenidas y en el Periférico; se desplazan en motos para quitar celulares o carteras de los transeúntes. O para asesinar. Y una nueva modalidad: los delincuentes se visten como agentes de tránsito. Aunque víctimas de ellos aseguran que sí lo son, por la forma impune en que trabajan. El modus operandi de sus fechorías amerita comentarse.
En la avenida del Conscripto, delegación Cuajimalpa, o en las calles de Tecamachalco, municipio de Huixquilucan, un policía detiene a un conductor por pasarse un alto, o no encender las direccionales al dar vuelta en una esquina. A la víctima le retienen su licencia de manejo y la tarjeta de circulación del vehículo. Es presionado y para evitarse molestias les da dinero. En ese momento aparece otro policía que acusa al conductor de soborno o cohecho.
Ahora el asalto es mayor: no es sólo la multa por la infracción existente o inventada, sino la posibilidad de ser consignado al Ministerio Público por uno de los dos delitos anteriores. Y eso amerita una sanción de miles de pesos, estar detenido en la Agencia del Ministerio Público, y hasta cárcel. Las víctimas se ven obligadas entonces a darles miles de pesos para evitarse problemas mayores. Esto sucede a plena luz de día y no pocas víctimas son personas mayores y sin que aparezca una patrulla oficial que impida el atraco. Eso hace sospechar a las víctimas que son integrantes de los agentes de tránsito. O que los asaltantes están en sintonía con ellos. Las denuncias se conocen en las redes sociales. Pero ninguna autoridad se ha tomado la molestia de revisar los sistemas de vigilancia instalados en las dos zonas que cité antes, para indentificar a los delincuentes.
No quiero dejar de mencionar el progreso alcanzado por los elementos corruptos de la policía de tránsito para atracar: si el automovilista no tiene suficiente dinero para evitar una multa por infringir real o supuestamente el reglamento de movilidad, puede enviar la “mordida” vía transferencia electrónica a una cuenta que le proporciona el asaltante que se aprovecha de su placa y uniforme.
La jefa de Gobierno de la CDMX sostuvo el miércoles que “se terminaron las corruptelas entre los mandos y delincuentes”. Persiste la de los agentes de a pie, moto o patrulla.
