Riesgos de fraude contra derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y corrupción de funcionarios quedaron expuestos en trámites de pensión por viudez, como el de Ana María, quien una semana después de que ingresó su solicitud en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) recibió en su casa la visita de un hombre. La buscó por su nombre completo y el de su esposo fallecido para ofrecerle su “ayuda para incrementar” su pensión.

El sujeto, que también llevaba algunos de los documentos que ella había entregado en la ventanilla de la clínica, dijo a la mujer que el procedimiento sería muy fácil, ya que tenía “contactos dentro del IMSS” para lograr la misión, por la cual le cobraría 20 por ciento del primer pago que recibiera.

Esto es un fraude y clara corrupción, reconoció Mauricio Hernández Ávila, director de Prestaciones Económicas y Sociales. Explicó que uno de los objetivos de la digitalización de trámites es evitar irregularidades como la denunciada, pues cada trabajador del IMSS con acceso a los expedientes en la plataforma ingresa su contraseña y el sistema lo registra.

El problema es que las pensiones de muerte (viudez, orfandad y ascendencia), riesgos de trabajo e invalidez todavía se realizan en las ventanillas y de manera manual.

Respecto de las pensiones por viudez, a causa de la pandemia, aumentaron 44.6 por ciento entre 2019 y lo que va de 2021, al pasar de 59 mil 523 a 86 mil 75. Y ahora son un foco rojo por la vulnerabilidad de los beneficiarios ante irregularidades como la mencionada.

En entrevista, Hernández Ávila y Omar Cabello, coordinador de Prestaciones Económicas, explicaron que el trámite de pensión por viudez tarda de 10 a 12 días para tener la resolución sobre las semanas cotizadas por el asegurado fallecido y el monto de la pensión que corresponde a la viuda, pero en el caso denunciado ante los funcionarios, después de 15 días seguía detenido en la UMF.

Cabello planteó que la causa podría ser la sobrecarga de trabajo que hay en las oficinas del instituto, pues todavía hay empleados que por sus factores de riesgo frente al Covid-19 permanecen en sus domicilios.

Como parte de la investigación se evalúa el desempeño del trabajador –ya identificado– que recibió la solicitud de Ana María, pues sólo tendría que haber verificado que los documentos estuvieran completos, recabar la firma de la interesada y turnar el expediente a la Unidad de Incorporación y Recaudación, donde se hace la certificación del derecho con base en las semanas cotizadas, salario y el cálculo de la pensión a otorgar a la beneficiaria.

El funcionario explicó que el trámite sigue pendiente porque luego de la solicitud de información presentada por La Jornada, desde las oficinas centrales del IMSS se inició la investigación. Ésta continúa con la finalidad de deslindar responsabilidades y mejorar los mecanismos de control para el resguardo de los expedientes. Cabello aseguró que existe un protocolo pero, como quedó en evidencia, no se cumple.

Pruebas contundentes

Ana María –nombre ficticio por razones de seguridad– relató que el “gestor” incurrió en contradicciones durante la visita a su domicilio; le permitió el acceso porque se presentó como empleado del IMSS y llevaba la información que suponía era confidencial, pues sólo la había entregado en la UMF.

Luego el hombre dijo que trabajaba en la Afore XXI-Banorte y más tarde que “funcionarios de las oficinas centrales” del instituto le dieron la información de su solicitud con la finalidad de “ayudarla”. Cuando Ana María se percató de que esa visita era irregular, empezó a grabar la conversación, de la cual La Jornada tiene una copia.

El sujeto insistió en que la señora le dijera en cuál Afore estaba inscrito su esposo y que en ese momento firmara un “contrato” en el que aceptaba sus servicios y el pago de la comisión.

La evidencia de la corrupción es contundente, admitió Hernández Ávila y comentó que ha sabido de otros casos. Personas que van en varias ocasiones a las oficinas administrativas del IMSS por trámites como la integración de su número de seguridad social y en alguna de ellas “alguien se les acerca a ofrecer su ayuda”. No hay razón alguna para eso. Los trámites son gratuitos, la mayoría digitales, se realizan con base en la Ley del Seguro Social y sus reglamentos, subrayó. Reconoció, sin embargo, que “hay cosas, el sistema no es infalible, pero las denuncias nos ayudan a dar un seguimiento real a cada caso”.