En México, la recuperación del empleo se está dando a costa de reducir las prestaciones laborales, disminuir la protección social y emplear sin contrato escrito, describió la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del segundo trimestre del año.
De acuerdo con datos del censo que presenta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los trabajadores subordinados y remunerados, aquellos que tiene un empleo asalariado, pero que abarca otras modalidades bajo las cuales al empleo o trabajo subordinado se le remunera también con otras formas de pago (en especie), sumaron 37.8 millones al cierre de junio del presente año, 5.3 millones más respecto del mismo periodo de 2020.
Con este tipo de trabajo, la estadística revela que seis de cada 10 personas no tienen acceso a instituciones de salud; mientras más de la mitad (57.4 por ciento) está laborando sin prestaciones, sin considerar servicios en instituciones de salud, y se emplearon sin un contrato escrito 56.1 por ciento.
Dentro de las variables para medir la precariedad laboral, sin duda la más preocupante es la de los salarios, advirtió Jesús Rubio, profesor investigador titular en el Colegio de la Frontera Norte. No obstante, también tiene que ver con la inseguridad respecto de la continuidad del vínculo laboral con la empresa.
“Las otras variables como contratos, seguro médico u otras prestaciones han disminuido paulatinamente en los últimos años; el porcentaje de personas que no tiene acceso a servicios de salud, que no tienen un contrato escrito, que no tiene otras prestaciones o que tiene un contrato temporal ha aumentado. Por lo que esto es considerado como precarización del empleo”, aseveró el especialista.
Pobreza laboral
Tras la flexibilización del confinamiento por la pandemia y el proceso de vacunación, la recuperación de los puestos de trabajo ha sido asimétrica entre sectores y entidades federativas, así como entre hombres y mujeres.
Se estima que 56.2 por ciento de la población ocupada (55.2 millones de personas) en el segundo trimestre del año está en condiciones de informalidad laboral, lo que involucra a 31 millones de personas.
Además, cerca de 600 mil mujeres aún no se reintegran a la fuerza laboral para alcanzar la participación observada antes de la pandemia.
