Ciudad de México. A 28 años de que se estableció el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) ha logrado triunfos legales en favor de la conservación del medio ambiente y de la población. Entre ellos están la sentencia en contra del proyecto Dragon Mart en Puerto Morelos, Quintana Roo; el desestimiento de la promotora de un proyecto turístico en la isla grande Holbox y una suspensión de la explotación minera en territorio Wixárika, que aún se mantiene.

“No se trata de detener el crecimiento, el desarrollo, las inversiones o la creación de empleos, de lo que se trata es de que eso se haga de una manera ambientalmente responsable respetando el capital natural, las leyes que les son aplicables y los derechos humanos de las personas, todo esto en beneficio de nosotros mismos. Al final del día, todos dependemos en nuestro día a día de las condiciones ambientales y de los recursos naturales. Si estos no se encuentran en buen estado, nosotros tampoco lo estaremos”, señaló en un comunicado.

El 16 de agosto de hace 28 años se fundó como una organización de la sociedad civil sin fines de lucro dedicada a la defensa y protección de la salud de las personas, su calidad de vida, así como al cuidado legal del medio ambiente y el respeto a los derechos humanos, recordó.

Gustavo Alanís, director y fundador de la organización, sostuvo que “deseamos que la pandemia del Covid-19 deje en cada uno de nosotros las lecciones suficientes y necesarias para poder ser más sensibles con la naturaleza y actuar en consecuencia para cuidar, conservar y proteger ese capital natural que es indispensable para la humanidad”.

Agregó que “los patrones de producción y consumo que se dan hoy a nivel global deben de ser diferentes para que usemos sólo aquellos recursos naturales que necesitamos y evitemos el gran desperdicio que se da de estos y, en consecuencia, como nos lo ha dicho la Comisión Brundtland de las Naciones Unidas, podamos satisfacer nuestras necesidades actuales de manera tal que las futuras generaciones también lo puedan hacer.

Entre otros logros, mencionó que en 1995 solicitó secretariado de la Comisión Ambiental del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México la elaboración de un Reporte del Secretariado sobre la mortandad de aves en San Francisco del Rincón, Guanajuato, México.

En 1997 obtuvo la suspensión de plano en contra del proyecto hidroeléctrico Las Cruces, en Nayarit: en 1999 contribuyó a obtener la Declaración de las Islas del Golfo como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco; en 2004 solicitó al Secretariado de la Comisión Ambiental del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México la elaboración de un Reporte del Secretariado sobre maíz transgénico en México.

También en 2006 se obtuvo la suspensión de la Autorización de Impacto Ambiental otorgada a la hidroeléctrica La Parota; en 2007 se formó el grupo del trabajo que añadió el artículo 60 TER a la Ley General de Vida Silvestre para la protección del manglar; en 2012 se consiguió una resolución favorable para revocar la Autorización de Impacto Ambiental del proyecto Cabo Cortés, en Cabo Pulmo, Baja California Sur.