Tras la ocupación de la sede del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en la capital del país y de una planta de Bonafont en el estado de Puebla, así como la reconversión de ambos sitios en “casas del pueblo”, las tomas de edificios públicos o privados se usarían con mayor frecuencia si lo deciden las comunidades.

Así lo indicó Filiberto Margarito Juan, integrante de la comunidad otomí en la Ciudad de México y del Congreso Nacional Indígena (CNI), quien lamentó que desde hace varios meses no han tenido contacto con ninguna autoridad para dialogar sobre las demandas que los llevaron a ocupar el edificio ubicado la Avenida México-Coyoacán 343, en octubre de 2020.

“Sí, las tomas (de inmuebles) pueden ser un recurso de activismo cada vez más empleado en beneficio de las comunidades.

“En el caso de Bonafont, ya se quedó de manifiesto que va a ser una ‘casa de los pueblos’, y en el edificio del INPI también ya estamos trabajando en varias actividades y propuestas para hacer un centro de estudios, una escuela, una cafetería y un lugar de venta de artesanías”, detalló.

Como se informó en este diario, la comunidad otomí que se hizo del control el edificio principal delINPI, anunció el 13 de agosto que “hemos resuelto que este inmueble lo arranquemos del patrimonio del gobierno federal y pase a ser patrimonio de los pueblos y comunidades indígenas que integran el CNI”.

De acuerdo con Margarito, “la decisión es definitiva, porque los compromisos de las autoridades no se han cumplido. La comunidad decidió quedarse las instalaciones; hasta ahora seguimos teniendo agua, luz y todos los servicios en el edificio, y si nos los cortan, ya veremos qué hacer para que se vuelva a instalar”.

El activista reprochó que el gobierno sólo les ofrece diálogo para discutir temas de vivienda, cuando ellos han planteado demandas más amplias, como mejorar el acceso a la educación, a empleos dignos y a servicios de salud integrales, además de garantizar condiciones de libertad y justicia para los pueblos originarios.