La Fiscalía General de Bolivia presentó el viernes un requerimiento acusatorio por genocidio y otros delitos contra la ex presidenta de facto Jeanine Áñez, a fin de juzgar su responsabilidad en las masacres perpetradas durante su gobierno contra manifestantes opositores. Estos cargos, que exhibió ante el Tribunal Supremo de Justicia, se suman a los de terrorismo, sedición y conspiración, presentados debido a su papel en los actos de desestabilización que culminaron en el golpe de Estado contra el ex presidente Evo Morales el 10 de noviembre de 2019, y por los que se encuentra en prisión preventiva desde marzo.
Para que tenga lugar el juicio por genocidio, el máximo tribunal requiere la aprobación de dos tercios del Congreso, una mayoría con la que no cuenta el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS). Es previsible que los congresistas de derecha, muchos de ellos cómplices en el golpe de Estado de 2019 y en la escalada represiva que le siguió, saboteen el curso de la justicia en la causa por la muerte de 20 personas –22, de acuerdo con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos– en dos episodios de violencia de Estado el 15 y 19 de noviembre de ese año.
En este contexto, ayer se supo que la ex presidenta de facto habría intentado quitarse la vida en la cárcel. Aunque las autoridades informaron que la autolesión sólo le dejó “pequeños rasguños en uno de sus brazos”, la tentativa suicida es un llamado de atención para que se redoble la observación sobre Áñez, tanto por el deber gubernamental de preservar la integridad de todas las personas presas, como para evitar que una probable responsable de crímenes de lesa humanidad se victimice y se erija en mártir de la oligarquía racista y clasista que se niega a entender el cambio impulsado por el pueblo boliviano desde hace tres lustros.
