Ante la presión del gobierno estadunidense para aplicar las reglas de origen en la industria automotriz, la Secretaría de Economía (SE) solicitó el inicio del mecanismo de consultas bajo el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pues de no llegar a un acuerdo la inversión a corto y mediano plazos en el sector industrial más importante para el país y para la región de América del Norte está en riesgo.

Ante lo que se considera “una interpretación errónea” del contenido regional que deben tener lo automóviles, Tatiana Clouthier Carrillo, titular de la dependencia federal, accionó el mecanismo de consultas, el cual constituye la primera etapa no contenciosa del mecanismo de solución de controversias Estado-Estado previsto en el capítulo 31 del acuerdo comercial que entró en vigor el primero de julio del año pasado.

La discrepencia surge a partir de la interpretación de las reglamentaciones uniformes que hace la Oficina de Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), pues para el gobierno de esa nación los automóviles manufacturados ya deben contar con 75 por ciento del contenido regional a partir de la entrada en vigor del T-MEC.

Así, Estados Unidos no estaría cumpliendo el periodo de transición que se pactó en el tratado, donde se establece que en el primer año se pediría 66 por ciento del valor de contenido regional, monto que subiría gradualmente cada año hasta que en 2023 quede en 75 por ciento.

La SE consideró que “ciertos requisitos” que se piden a los productores de automotores “son incompatibles con el texto del T-MEC y las reglamentaciones uniformes”, por lo que espera negociar con “los funcionarios apropiados” en una fecha que se acuerde mutuamente.

De acuerdo con la oficina de representación en Estados Unidos del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), las consultas deben celebrarse a más tardar 30 días después de su presentación, es decir, antes del 20 de septiembre. Si después de 75  días no se logra un acuerdo, México puede solicitar un panel para dirimir la controversia.

Actualmente el valor de contenido regional es 69 por ciento y se puede calcular de dos formas. La primera es calcularlo en cada una de las partes esenciales del vehículo o bien hacerlos como un todo.

El gobierno de Estados Unidos considera que el valor de contenido regional debe calcularse por cada parte esencial del automotor, sin posibilidad de considerar a la parte como 100 por ciento originaria.

De acuerdo con el CCE “el tiempo para resolver la disputa juega en contra de México”, por el impacto potencial de la interpretación de la USTR. Señaló que esta diferencia “impide a las armadoras realizar la planeación necesaria en su cadena de suministro, afectando las estrategias de inversión a corto y mediano plazos”.

De acuerdo con el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (Lacen) de la UNAM, el gobierno de Estados Unidos no cederá y presionará a México para que cumpla con las reglas de origen automotrices, pues es un puntal en el plan de infraestructura del presidente estadunidense Joe Biden.

“Con ello fortalecería su plan económico para impulsar la industria estadunidense que bajo el lema Build Back Better, promete crear empleo, asimismo, la industria automotriz fortalecería su estrategia de cadenas de suministro”, dijo.

Comentó que una de las salidas que tiene la industria es pagar 2.5 por ciento del arancel que Estados Unidos impone a vehículos que no satisfacen los requisitos, pero ello restaría competitividad.

Otra alternativa es incorporar materias primas y componentes elaborados en plantas de Estados Unidos o Canadá, donde se pagan salarios de 16 dólares por hora, otra de las exigencias del T-MEC.