La Universidad Pedagógica Nacional (UPN) es una institución pública federal especializada en educación, encargada de formar un amplio espectro de profesionales de la educación requeridos en la nación, generar conocimientos a través de la investigación educativa y difundir todo tipo de producción cultural en su amplia diversidad.
Creada en 1978, la UPN ha formado a cientos de miles de profesionales en el vasto campo educacional, mediante múltiples programas educativos de licenciatura y posgrado dirigidos a bachilleres, docentes de todos los niveles, directivos, asesores técnicos y supervisores en todas las entidades del país. De acuerdo con el último dato disponible (Anuies, 2020), la UPN tiene una matrícula de 66 mil 286 alumnas/os (79 por ciento mujeres y 21 por ciento hombres), distribuidos en 298 planteles educativos, lo que la coloca entre las 10 universidades públicas con mayor cobertura.
La UPN, como toda universidad, tiene la atribución de establecer sus propios planes y programas de estudio (todos diseñados e impartidos por su personal académico especializado), lo cual le ha permitido ofrecer a lo largo de su historia un amplio abanico de programas educativos en distintas ciencias de la educación (pedagogía; sicología, sociología, política y administración educativa), en diversas problemáticas educativas (formación y práctica docente, gestión e innovación educativa, procesos socioeducativos, educación indígena, etc.) y temas educativos emergentes (género, sexualidad, interculturalidad, convivencia escolar, etc.), destacándose su extenso programa de licenciaturas de nivelación profesional para docentes en servicio de educación básica y media superior.
Históricamente, la UPN fue diseñada por la burocracia educativa priísta autoritaria–en el poder desde 1929– como una institución carente de autonomía (con un estatus jurídico “desconcentrado” subordinado a la administración pública), controlada férreamente por el gobierno federal, con una estructura de gobierno vertical concentrada en una rectoría omnímoda impuesta por la Secretaría de Educación Pública (concentración del poder reditada en las direcciones de las unidades UPN locales establecidas en las entidades del país), con un Consejo Académico débil no paritario controlado por la burocracia universitaria (integrado por ocho autoridades, tres académicos y cuatro estudiantes, y cuya presidencia ejercida por la rectoría tiene voto de calidad) y sus resoluciones pueden ser vetadas por la misma rectoría y sometidas al el/la secretario/a de Educación para que “resuelva en definitiva” (artículo 12, fracción VII, del decreto que crea la Universidad Pedagógica Nacional). No es casual que dicha estructura de poder autoritaria sea similar a la de la heterónoma Universidad Nacional de México, creada por la dictadura porfirista en 1910 (cfr. Ley Constitutiva de la Universidad Nacional de México).
Ante una estructura organizacional tan vertical y excluyente, en la UPN se gestaron diversos movimientos sindicales, académicos y estudiantiles independientes en torno a diversas reivindicaciones académicas, laborales, sindicales y estudiantiles; movimientos que desarrollaron importantes jornadas de lucha durante la década de los 80 y 90 del siglo XX, con diversos triunfos en la mejora de la institución y de sus comunidades.
Catorce años después de su fundación, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari decidió, en 1992, imponer a la comunidad nacional de la UPN una reforma estructural neoliberal eufemísticamente denominada “modernización educativa”, la cual consistió en la desarticulación (“descentralización”) del proyecto nacional universitario y su traspaso a los gobiernos estatales y a las secciones locales del SNTE, a quienes se les entregaron los recursos materiales, financieros y humanos de las 68 unidades UPN estatales, quedando sólo bajo control de la SEP las siete unidades UPN de la Ciudad de México. El desmantelamiento neoliberal de la universidad implicó la transferencia de 56 por ciento de sus recursos financieros y de 76 por ciento de su personal académico a los estados, paralelamente se redujo su presupuesto federal -44.4 por ciento en términos reales.
Como consecuencia de dicha reforma, en el largo plazo la universidad se ha deteriorado en varios aspectos: condiciones de trabajo y de estudio (por ejemplo: inestabilidad en el empleo, altas cuotas escolares, etc.), carencia de instalaciones adecuadas (en muchas sedes de la institución no cuentan con edificios escolares propios, la mayoría de sus unidades académicas carecen de biblioteca), cuasi desaparición del financiamiento a la investigación, aislamiento de sus unidades, etc., con lo cual su actividad académica ha sido vulnerada y su función en la sociedad severamente limitada.
Frente a esta problemática universitaria generada por las políticas neoliberales autoritarias, la comunidad universitaria acordó realizar un Congreso Nacional Universitario de carácter horizontal (no por delegados) –avalado por la Subsecretaría de Educación Superior–, basado en la democracia participativa, en plena pandemia, con el propósito de hacer un diagnóstico de la universidad desde abajo (no dictado desde arriba por la autoridad) y redefinir democráticamente su modelo educativo, su proyecto académico y su estatuto jurídico, a la luz de la nueva legislación educativa, particularmente la Ley General de Educación Superior.
* Consejeros Académicos
