Después de que Francisco Aguirre Morales –hijo del actuario Francisco Aguirre Farías–, dueños de la rentable firma familiar Valuaciones Actuariales del Norte (con sucursales en Saltillo, Guadalajara, San Luis Potosí, Puebla y la Ciudad de México) repitiera el cuadro catastrófico que tanto ha favorecido a la SHCP neoliberal (Ortiz-Gil Díaz-Carstens-Cordero-Videgaray-Mead) y a Banxico (Alejandro Díaz de León) como, ahora, a la SHCP-4T (Urzúa, Herrera), y de acuerdo al cual los pasivos pensionarios –la suma de recursos que el gobierno requiere para pagar pensiones de los jubilados y los activos próximos al retiro– “sigue creciendo” y ahora equivale a “156 por ciento” del PIB, en el mismo foro, Carmen Fernández, directora de Proyectos de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la SHCP-4T, estimó prudente hacer un singular anuncio.
Aguirre Morales publicita queel problema del sistema pensio-nario mexicano está en la “fragmentación”: en los más de mil esquemas bajo el régimen de beneficio definido en estados, universidades y empresas gubernamentales. De la misma interesada opinión es Héctor Villarreal, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. En su desparpajado estudio Pensiones en México: 100 años de desigualdad (2017) se atreve a sostener que la “desorganización” y “falta” de control en el financiamiento y gasto de las pensiones ha derivado en que “hoy” el gasto represente 15.5 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación y 3.7 del PIB, con “tendencia” a incrementarse. ¿“Desorganización y falta de control” o costo de la reformas tecnocráticas adoptadas?
Sucede exactamente lo mismo con la nota de David Kaplan (BID) “Diagnóstico del sistema de pensiones mexicano y opciones para reformarlo” (2019), para quien “el sistema de seguridad social en México se encuentra altamente fragmentado, lo cual impide un manejo adecuado de la cobertura previsional”. Ello, porque existen “más de mil programas” (cifra que copia de Villarreal sin que éste mismo pueda probarla) muchos sin conexión entre sí lo que “eleva” significativamente el costo. Agréguese, continúa, la presencia de instituciones nacionales con responsabilidades sobre distintos sistemas de pensiones, pero sin una visión global. Finalmente, concluye, no hay un proceso para revisar los parámetros pensionarios.
Claro, ninguno de los tres se ocupa de los límites estructurales de la capitalización individual-Afore que opera el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). Según Aguirre Morales urge “armonizar” esa fragmentación, pues hay trabajadores que se pensionan a los “48 años”.
Por tanto, en la opinión de Carmen Fernández, esta “pulverización” es preocupante: “urge la unificación”. Este singular anuncio consiste en asegurar que la SHCP de la 4T “analiza” crear una secretaría de pensiones, la cual se encargaría de planear y coordinar a escala federal todos los sistemas de pensiones que existen en México, pues la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro (Consar) “sólo ve el formato de cuentas individuales” ( La Jornada, 8/10/19).
Todo lo cual evita entrar al fondo del asunto público: justamente ese “formato” de cuentas individuales, responsable del nivel de las pensiones que paga el SAR y que deriva del modelo de capitalización individual-Afore y sobre lo cual, Carmen Fernández no dijo una sola palabra.
Sin duda, “unificar” reportaría ahorros. Además de que facilitaría tareas que, tarde o temprano, deberán ocupar cualquier iniciativa de reforma pensionaria profunda. Entre ellas, cabe destacar las siguientes, también anticipadas por Fernández: levantar auditorías (por licitación) en cada uno de los regímenes del país, dado que hay entidades que no tienen sus documentos digitalizados. Levantar también estudios actuariales (por licitación) para corroborar el número de trabajadores amparados y sus familiares por ley, así como el alcance y profundidad de sus beneficios, pagos, número de pensionados y sus beneficiarios, suficiencia de los seguros y sus primas, entre otros.
Para Fernández este “trabajo sucio que nadie quiere hacer” es previo a cualquier reforma y las auditorías “pueden” conocerse si un sistema permanece como está o si “deben” hacerse modificaciones.
Pero es claro que ninguna de estas tareas estaría completa sin un ajuste previo y profundo al modelo de capitalización-Afore. Es decir, un remodelaje a fondo.
Carmen Fernández laboraba con Carlos Noriega Curtis (SHCP), uno de los más escandalosos conflictos de intereses de la 4T. Después de presidir la Amafore, apareció como “responsable” de la política federal en la materia. Noriega les cumplió a las Afore y luego renunció. Es el autor del tibio ajuste al Apartado A, contenido en decreto AMLO-Noriega, 16/12/20 que sólo patea el bote. ¿De veras requerimos una “secretaría” a la Carmen Fernández para las pensiones o revisar a fondo el modelo Afore?
* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
