El Instituto Nacional Electoral (INE) incorporó en su anteproyecto de presupuesto para 2022 una partida precautoria de 5 mil 800 millones de pesos para organizar los eventuales ejercicios de revocación de mandato y consulta popular. Ambos están previstos en la ley y deberán acreditar previamente los requisitos legales para su realización, por lo que en caso de no llevarse a cabo se devolverían los recursos a la Tesorería de la Federación.
Para la revocación de mandato, el INE plantea solicitar 3 mil 830.45 millones de pesos, mientras que para consulta popular se requerirán mil 913.13 millones.
Ayer, representantes de los partidos políticos ante el Instituto se reunieron con Lorenzo Córdova, así como con el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, para exponerles las directrices de los lineamientos sobre revocación de mandato.
Trascendió que en el documento entregado se prohíbe la intervención de los partidos, los tres poderes de la unión, dependencias de la administración pública federal, entre otros, en cualquiera de las etapas que conforman el procedimiento de petición de revocación de mandato y de captación de firmas. Previamente, al presentar el anteproyecto de presupuesto, los consejeros no confirmaron la autenticidad del documento con los lineamientos para la organización de dicho ejercicio, que legisladores de Morena distribuyeron el jueves, pero insistieron en defender las facultades del instituto para trabajar en el proyecto ante la falta de reglamentación.
La consejera Claudia Zavala dijo: “no sé qué documento tengan en el Senado, lo único que sé es que nosotros estamos haciendo un trabajo muy responsable aquí, vamos a tener el diálogo con los partidos políticos”, y se concretará el 27 de agosto.
Respecto al presupuesto, se están considerando los 300 distritos de las 32 entidades, un listado nominal de 92.4 millones de personas, estimado de 161 mil 490 casillas, la contratación de 5 mil 430 supervisores electorales y 32 mil 421 capacitadores asistentes, así como 484 mil 470 personas para integrar las mesas directivas.
Según el documento dado a conocer el jueves por legisladores, para este ejercicio –que se realizaría el 27 de marzo de 2022– se tendrán que recabar firmas de 3 por ciento de los inscritos en el listado nominal distribuidos en 17 entidades.
Para la consulta popular, en el presupuesto se contempla la instalación de 96 mil 591 casillas, la contratación de 2 mil 55 supervisores electorales, 16 mil 226 capacitadores asistentes, insaculación de 12.01 millones de ciudadanos, así como 289 mil 773 funcionarios de mesa directiva. En caso de realizarse, sería el primero de agosto.
El presidente de la Comisión Temporal de Presupuesto, Jaime Rivera, expuso que si la Cámara de Diputados no aprueba los recursos para la revocación de mandato y se reúnen las firmas necesarias, recurrirán a la Suprema Corte de Justicia, como sucedió el año pasado con la consulta popular.
Queja de Morena
Por la noche, el representante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez, informó que impugnó ante el Tribunal Electoral federal los trabajos previos a la aprobación por el Consejo General del instituto de los lineamientos que regularán los procesos de la revocación de mandato. “El INE se está adelantando” y “ha incumplido lo ordenado por la Constitución”, dijo. Y consideró que todavía hay espacio hasta septiembre para que pueda aprobarse la ley secundaria en la materia.
