Washington. Estados Unidos se enfrenta este fin de semana a un plazo fijado por un tribunal para reanudar un controvertido programa de inmigración que obligó a decenas de miles de solicitantes de asilo a esperar en México que se resuelvan sus casos.
El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos denegó a última hora del jueves una solicitud del gobierno de Joe Biden para retrasar la fecha de entrada en vigor del fallo de un juez de primera instancia, que una semana antes ordenó reanudar el programa este sábado.
El fallo socava la decisión de Biden a principios de este año de poner fin al programa de Protocolos de Protección de Migrantes (MPP), puesto en marcha por su predecesor republicano, Donald Trump.
Los demócratas y defensores de la inmigración criticaron el programa MPP, conocido como Quédate en México, diciendo que sometía a los migrantes, en su mayoría centroamericanos, a indigencia, condiciones insalubres y violencia en territorio mexicano.
Las detenciones de migrantes al cruzar la frontera entre Estados Unidos y México han alcanzado máximos de 20 años en los meses recientes, una tendencia que los republicanos atribuyen a que Biden revocó el MPP y otras políticas de inmigración de línea dura de Trump.
Aun así, el gobierno de Biden ha dejado en vigor una orden sanitaria de la era Trump que permite a las autoridades fronterizas expulsar a los migrantes a México sin la posibilidad de pedir asilo en Estados Unidos.
El fallo de la corte, de tendencia conservadora, dice que el gobierno de Biden debe poner en marcha el programa MPP de “buena fe”, lo que parece dejar al gobierno cierta discreción sobre cómo avanzar.
Si los esfuerzos de aplicación se ven “frustrados” por la falta de cooperación de México, escribió el tribunal de apelaciones, se considerará que la administración sigue cumpliendo con la orden del tribunal de primera instancia que exige el reinicio del programa.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios en la que se preguntaba si apelaría la decisión ante el Tribunal Supremo.
En tanto, un grupo de padres y madres latinoamericanos que fueron separados de sus hijos en la frontera entre México y Estados Unidos durante la presidencia de Trump se reunieron ayer de forma virtual con Alejandro Mayorkas, jefe del Departamento de Seguridad Interna, a quien pidieron que les otorgue la residencia legal en el país y compensación financiera, indicó una hondureña que fue separada de sus dos hijos en 2017.
Keldy Mabel Gonzales Brebe narró su historia al funcionario y le dijo que teme que su estatus migratorio termine un día y su familia sea separada de nuevo.
