La Paz. La Fiscalía General de Bolivia anunció ayer que presentó “ante el Tribunal Supremo de Justicia un requerimiento acusatorio” por “genocidio” y otros delitos contra Jeanine Áñez, ex presidenta de facto, por la muerte de una veintena de manifestantes opositores en 2019 tras la renuncia del entonces presidente Evo Morales.

El fiscal general, Juan Lanchipa, informó que el delito de “genocidio” es sancionado con 10 a 20 años de cárcel, de acuerdo con el Código Penal boliviano.

Áñez se proclamó presidenta interina el 12 de noviembre de 2019, dos días después de que Morales renunció al cargo tras semanas de protestas luego de su relección a un cuarto mandato. Después de los comicios, unas 37 personas fallecieron en enfrentamientos entre seguidores y opositores de Morales, así como entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

La acusación contra Áñez se origina en la denuncia de familiares de las víctimas de la represión el 15 de noviembre de 2019 en el poblado de Sacaba, cercano a la ciudad central de Cochabamba, y el 19 de noviembre en la planta de gas de Senkata en la ciudad de El Alto, detalló el fiscal.

En un informe presentado esta semana, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos totalizó 22 fallecidos en lo que calificó de “masacres”. Por su lado, Lanchipa contabilizó 20 muertos en Sacaba y Senkata. Esos hechos fueron “calificados provisionalmente de genocidio, lesiones graves y leves y lesión seguida de muerte”, señaló el fiscal.

Áñez dejó el poder en noviembre tras la elección de Luis Arce, y en marzo fue detenida. Varios de sus ministros y ex jefes militares y policiales son acusados por el actual gobierno de haber dado un golpe de Estado contra Morales en 2019, con apoyo de la Iglesia católica, la Unión Europea, políticos bolivianos de derecha y centro, así como los gobiernos del argentino Mauricio Macri y del ecuatoriano Lenín Moreno.

Para que se realice un juicio contra la ex mandataria, en prisión preventiva desde marzo, el máximo tribunal debe pedir aprobación al Congreso, la cual sólo es posible con dos tercios de sus miembros presentes, y aunque es controlado por el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) de Arce, no tiene mayoría suficiente.

La oposición, que ha denunciado falta de independencia de poderes, llamó a evitar que un juicio contra Áñez sea un instrumento político.

Contra Áñez hay otros dos juicios en curso, aunque por la vía penal y ordinaria: uno por los supuestos delitos de sedición, “terrorismo” y conspiración y otro por incumplimiento de deberes.