En uno de los procesos de legitimación sindical más vigilados, 55 por ciento de los trabajadores de la planta automotriz General Motors de Silao, Guanajuato, votó por el “no” y rechazó continuar con el contrato colectivo de trabajo (CCT) que desde hace 15 años representaba el gremio cetemista Miguel Trujillo López, que encabeza Tereso Medina Ramírez.

Luego de 34 horas de votaciones ininterrumpidas, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) indicó que el proceso se desarrolló “sin incidentes”; detalló que 3 mil 214 obreros (54.7 por ciento) votaron en contra; 2 mil 623 (44.6 por ciento) en favor de conservar el CCT y 39 sufragios fueron nulos.

Participaron en el ejercicio 5 mil 876 trabajadores, lo que significa 90 por ciento del padrón total de 6 mil 494 que originalmente estaban convocados a participar.

La consecuencia de este proceso de legitimación es la terminación del contrato colectivo, que se dará una vez transcurrido el plazo que tiene la STPS para emitir la resolución definitiva, de la cual notificará a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Lo anterior significa que habrá que esperar el periodo legal máximo de 20 días hábiles para que la dependencia analice los informes del personal verificador y de las instituciones observadoras, así como las quejas que en su caso presenten las partes involucradas.

Una vez que se dé por terminado el CCT, los trabajadores conservarán todos los derechos adquiridos y gozarán de las mismas prestaciones y condiciones laborales, pero ahora mediante contratos individuales. Además, dejarán de pagar las cuotas gremiales.

De acuerdo con la autoridad laboral, también se preservan y se respetan los derechos de los obreros para que puedan organizarse de manera libre y decidir si quieren que un sindicato los represente.

Con esta consulta llevada a cabo durante dos días, se repone el primer ejercicio que se realizó en abril, el cual se anuló luego de que la STPS acreditó “irregularidades graves que afectaron el desarrollo de la consulta y los resultados de la votación”.

Asimismo, forma parte del “plan de reparación” acordado por los gobiernos de México y Estados Unidos el pasado 8 de julio, tras la queja que invocó el capítulo laboral del T-MEC, por la “denegación” de derechos relativos a la libertad sindical.

El proceso fue acompañado por observadores de la Organización Internacional del Trabajo y del Instituto Nacional Electoral.