El término militarización se refiere, en diccionarios de uso común en castellano, a la “potenciación de las fuerzas armadas”, o su utilización “en tareas no tradicionales, como el desarrollo”, o para combatir “amenazas internas de carácter no militar o para realizar misiones que competen a las policías –como el combate del crimen organizado–”. Se señala que no se debe confundir militarización con militarismo, que es “la imposición de valores, perspectivas e ideales militares sobre la sociedad civil, lo cual, sin duda, resulta aún más peligroso que la militarización”. Incluso se plantea la acepción de militarización económica, “cuando existen empresas y sectores económicos de un país en manos de militares”. La Enciclopedia libre va más allá. Destaca que “uno de los aspectos de gran relevancia y que generan mayor preocupación en relación con los procesos militarizadores de las sociedades se refiere a la generación de violencia que de manera implícita se da en la militarización”. Revisemos algunos datos que apuntan perceptiblemente hacia una militarización y militarismo en el gobierno de la Cuarta Transformación.
1) El decreto publicado el 11 de mayo del 2020 en el Diario Oficial de la Federación, en que se dispone de la fuerza armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública, a pesar de las promesas de campaña de “regresar los soldados a sus cuarteles, en un plazo no mayor de seis meses”, no obstante su fracaso evidente en la lucha contra el crimen organizado, considerado por el Instituto de Estudios Estratégicos de Londres como “un conflicto armado no reconocido”, y a contracorriente de señalamientos de numerosas organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, sobre la inconstitucionalidad de la medida, y la ausencia de mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas.
2) El incremento progresivo y exponencial del presupuesto público destinado a las fuerzas armadas (secretarías de la Defensa Nacional, Marina y la Guardia Nacional), cuyo monitoreo y escrutinio es tan reservado como opaco en cuanto a licitaciones, alcances y auditorías, mientras otras secretarías de Estado sufren recortes de hasta 75 por ciento de su presupuesto, en detrimento de tareas sustanciales en la salvaguarda del patrimonio y el interés nacional.
3) El aumento de misiones de los militares que secretarías civiles podrían llevar a cabo: construcción de cuatro aeropuertos y tres tramos del Tren Maya, cuarteles de la Guardia Nacional, 2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar, además de asignarles la administración del futuro aeropuerto metropolitano, y de tres más en la península de Yucatán, así como las eventuales ganancias del Tren Maya para pensiones de militares. Entrega a la Secretaría de Marina del control de aduanas marítimas y terrestres, así como de los puertos del país. Administración de 10 hospitales, y puesta en práctica de cientos de filtros sanitarios en aeropuertos, centrales de autobuses, carreteras y diversos lugares públicos. Participación en diversos programas asistenciales que, por cierto, están indicados en manuales de contrainsurgencia para mostrar el rostro amable del estamento castrense: Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro (con 33 centros de capacitación), entrega de fertilizantes, distribución de libros de texto y materiales educativos, salvamento paleontológico y arqueológico, inauguración de museos de sitio; ello, a través de asignaciones directas o convenios de colaboración con otras dependencias federales, como la secretarías de Educación, Agricultura, Pemex, INAH, exaltando en los medios de comunicación, dentro del ámbito del militarismo, la disciplina y el profesionalismo de los ahora considerados, de nueva cuenta, pueblo uniformado.
4) La amnesia manifiesta del gobierno actual en torno al involucramiento de ese pueblo uniformado en la violación de derechos humanos durante las décadas de “guerra contra el narcotráfico”, y en las masacres, represiones y crímenes de Estado y lesa humanidad del siglo pasado contra ferrocarrileros, médicos, telegrafistas y maestros, contra estudiantes en Tlatelolco y San Cosme; en el asesinato de dirigentes populares, como Primo Tapia de la Cruz, Rubén Jaramillo y su familia, en desapariciones forzadas, como las narradas por el general José Francisco Gallardo en su tesis de doctorado, en los años de la guerra sucia, cuando se adoptan técnicas contrainsurgentes utilizadas por los militares franceses en Argelia, como los vuelos de la muerte, y en la formación de grupos clandestinos, como el Batallón Olimpia, la Brigada Blanca, los halcones, o los grupos paramilitares en Chiapas, los “peces más bravos” que aconsejan los manuales de guerra irregular de Sedena, para neutralizar a la guerrilla.
Esto, a reserva de que siempre habrá “otros datos” y “otras lógicas” para el análisis de la realidad.
