Washington. Estados Unidos sancionó ayer a tres altos funcionarios de Cuba, en la cuarta ronda de medidas punitivas en respuesta a la “represión” de las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio.
Roberto Legra y Andrés Laureano González, del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y Abelardo Jiménez, del Ministerio del Interior, fueron incluidos en la lista negra del Tesoro, se informó en un comunicado.
Las sanciones, aplicadas según la ley global Magnitsky, que permite castigar a quienes hayan cometido abusos contra los derechos humanos en otros países, suponen el congelamiento de cualquier propiedad en Estados Unidos y prohíbe cualquier transacción a través del sistema financiero estadunidense.
Washington “seguirá responsabilizando a quienes permitan al gobierno cubano perpetuar el abuso de los derechos humanos”, declaró Andrea Gacki, directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro.
El mandatario estadunidense, Joe Biden, prometió un cambio de política hacia Cuba durante su campaña para ganar la presidencia, pero ha mantenido las sanciones impuestas por su antecesor y ha impuesto más restricciones, en lo que analistas consideran que es el sector anticastrista de Florida el que marca su política hacia la isla.
De las 67 personas juzgadas hasta ahora por las protestas de hace un mes en Cuba y que presentaron una apelación, 11 fueron resueltas a favor de los acusados, informó el Tribunal Supremo.
Al mismo tiempo, Amnistía Internacional puso en su lista de presos de conciencia a seis cubanos, dos de ellos participantes en estas protestas.
En otro asunto, el director general de Asuntos Bilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Emilio Lozada, convocó al embajador de Reino Unido en la isla, Antony Stokes, para recordarle la obligación de no inmiscuirse en los asuntos internos del Estado cubano.
El pasado martes, el diplomático británico criticó la aplicación en Cuba del decreto-ley 35, que regula nuevas normativas de las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación, el uso del espectro radioeléctrico y la ciberseguridad.
“Las detenciones contra manifestantes pacíficos, violan las convenciones internacionales”, tuiteó el embajador Stokes.