El outsourcing en el país creció como la espuma tras el “regalito” de despedida que en septiembre de 2012 Felipe Calderón (y prianistas que lo acompañaban) entregó al sector privado, aunque es de subrayar que algunos sectores impunemente se adelantaron varios años a la supuesta “reforma laboral” promovida por Borolas, es decir, la misma que “legalizó” la subcontratación de personal en franca violación del espíritu y contenido del artículo 123 constitucional.
Entre esos adelantados destacaron los banqueros que operan en México, quienes, al menos desde 2008 (cuatro años del regalito calderonista), metieron el acelerador a fondo en materia de outsourcing. De hecho, a buena parte de su personal ya contratado en términos de la Ley Federal del Trabajo simple y sencillamente lo “traspasaron”, para subcontratarlo, a empresas creadas exprofeso y así evadir sus obligaciones laborales y fiscales, entre otras.
Lo anterior, desde luego, a la vista (léase en connivencia) y con la sonrisa del supuesto gobierno (y de los sindicatos bancarios) que presumía a su fraudulento cuan cínico inquilino de Los Pinos como el “presidente del empleo”, es decir, el mismo que en 2012 “legalizó” la tercerización de personal para que el capital privado aumentara, aún más, sus de por sí voluminosas ganancias en demérito de los trabajadores del sector y de las arcas nacionales.
Un nítido ejemplo de los adelantados fue Bancomer-BBVA (hoy sólo mantiene las siglas de la trasnacional financiera española) que en 2008 reconocía a una sola persona (el director general) como parte formal de su personal, mientras que de un plumazo (con respecto a 2007) mandó mucho a la subcontratación a los 27 mil 120 trabajadores restantes de la propia institución.
No fue el único banco, desde luego, pero sí el más descarado, junto a Inbursa –de Carlos Slim–, que ni siquiera a su director general incluyó en nómina, pues los mil 544 empleados que entonces registraba de la noche a la mañana aparecieron en outsourcing. Lo mismo Banco Azteca, de Ricardo Salinas Pliego: en un abrir y cerrar de ojos, los 17 mil 994 trabajadores de esa empresa amanecieron subcontratados.
En 2008, de los 157 mil empleados oficialmente reconocidos por las distintas instituciones financieras (la información es de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores), casi 57 mil (36 por ciento del total) fueron velozmente “derivados” al outsourcing, un “mecanismo muy eficiente y valioso” para los bancos, según reconoció (noviembre de 2020) uno de los dirigentes gremiales. Y de allí pal real, con la complacencia del “gobierno” en turno.
El outsourcing es una práctica patronal de larga data (permitida soterradamente por distintos gobiernos prianistas) que, con el pretexto de generar empleo formal (en realidad, precarizar el mercado laboral rápido y al extremo) despoja a los trabajadores de sus derechos e incrementa sustancialmente las ganancias del capital privado, por medio de la evasión fiscal, salarios de hambre, prestaciones inexistentes y sistemática violación de la Ley Federal del Trabajo.
Pues bien, lo anterior viene a colación, porque el actual presidente de la Asociación de Banqueros de (en) México, Daniel Becker, presume que hasta junio pasado la banca que opera en el país tenía a su disposición 260 mil personas, de las que alrededor de 120 mil (46 por ciento del total) laboraban mediante outsourcing ( La Jornada, Julio Gutiérrez).
Con esa información queda claro cómo la banca que opera en el país metió el acelerador: en 13 años (2008-2021) poco más de 100 mil trabajadores bancarios fueron condenados al outsourcing, con todo y que las instituciones financieras registran crecientes utilidades limpias de polvo y paja, dignas de un cuento de hadas neoliberales.
Pero bueno, Daniel Becker asegura que “a la fecha los bancos han contratado directamente a 92 mil trabajadores que estaban en outsourcing o indirectos, y en la mayoría de los casos con mejores prestaciones”, como resultado de la reforma legal (promovida por López Obrador y Gómez Urrutia).
Bien, pero ¿quién regresa lo robado y evadido en esos trece años? (cuando menos).
Las rebanadas del pastel
Dice Lorenzo Córdova que la ley electoral mexicana “no requiere una reforma de gran calado, sino, en su caso, ajustes puntuales”. Qué coincidencia, pues lo mismo pretextó Felipe Calderón a la hora de armar su “reforma laboral” (léase su “regalito” al sector privado).